La falta de transparencia en contratos financiados con dinero público
El Ministerio de Defensa ha vuelto a confiar en Indra para uno de sus programas estratégicos sin que exista constancia de una competencia efectiva. La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) ha adjudicado a la tecnológica el desarrollo del nuevo vehículo lanzapuentes sobre ruedas (VLPR) del Ejército de Tierra por un importe de 382 millones de euros, impuestos incluidos, consolidando una dinámica cada vez más habitual: los grandes contratos de defensa acaban siempre en las mismas manos.
El programa forma parte de los Planes Especiales de Modernización (PEM) y, como ocurre con otros proyectos recientes, se formalizará previsiblemente antes de final de año, cerrando así una adjudicación de enorme impacto económico sin un debate público proporcional ni un proceso competitivo transparente.
Una nueva capacidad… y el mismo adjudicatario de siempre
El VLPR permitirá dotar al Ejército de Tierra de una capacidad de la que actualmente carece: vehículos lanzapuentes sobre ruedas capaces de operar junto a los VCR 8×8 Dragón, otro de los grandes programas ya adjudicados a Indra. El objetivo es suministrar hasta 32 unidades que faciliten el cruce de obstáculos, con o sin agua, a las unidades mecanizadas.
Desde Defensa y la propia compañía se subraya que se trata de una capacidad inédita en España. Sin embargo, la novedad técnica contrasta con la repetición del modelo de adjudicación, donde Indra vuelve a situarse como contratista principal sin una competencia real que permita contrastar precios, plazos o alternativas industriales.
Un calendario de pagos blindado durante cinco años
El contrato compromete gasto público hasta 2030, con un reparto plurianual que consolida a Indra como proveedor estructural del Ejército de Tierra:
- 65 millones en 2026
- 63 millones en 2027
- 68 millones en 2028
- 88 millones en 2029
- 98 millones en 2030
Este esquema refuerza la dependencia del Ministerio de Defensa de un único gran proveedor, reduciendo el margen de maniobra futura y cerrando el paso a otros actores industriales que podrían competir en condiciones de igualdad.
Fabricación nacional como argumento recurrente
Indra justifica la adjudicación apelando, una vez más, a la fabricación y el diseño nacionales. Parte del trabajo se desarrollará en su nuevo centro de Gijón, con impacto en otros corredores industriales. Para la plataforma base del vehículo, la compañía estudia opciones como camiones 8×8 o 10×10 de fabricantes internacionales como Iveco o MAN, lo que relativiza el discurso de soberanía industrial absoluta.
El argumento del “impacto industrial” vuelve a funcionar como coartada política para justificar adjudicaciones directas, aunque no exista información detallada sobre alternativas descartadas, criterios de selección o comparativas de costes con otros posibles ofertantes.
Un contrato integral que ata al Ejército durante décadas
El programa no se limita a la entrega de los vehículos. Incluye también mantenimiento, modernización, sostenimiento, formación, simulación y apoyo logístico a largo plazo, lo que garantiza a Indra una relación contractual prolongada y una posición dominante durante todo el ciclo de vida del sistema.
Esta integración vertical —desde el diseño hasta el mantenimiento— refuerza la dependencia del Ejército respecto al proveedor y dificulta cualquier revisión futura de costes, especialmente en un sector donde los sobrecostes y los retrasos no son una excepción.
Tecnología avanzada, control limitado
Desde el punto de vista técnico, el programa contempla desarrollos complejos: integración de puentes de 24 metros capaces de soportar hasta 80 toneladas, automatización del sistema de lanzamiento, reducción de tripulaciones y conexión con sistemas C4ISR mediante comunicaciones seguras. Todo ello eleva el valor estratégico del proyecto, pero también incrementa la necesidad de controles independientes.
Sin embargo, esos controles brillan por su ausencia en la información pública disponible. No se conocen evaluaciones externas de costes, ni auditorías previas comparativas, ni explicaciones claras sobre por qué Indra vuelve a ser la opción elegida frente a otros posibles competidores nacionales o europeos.
Más dinero público, menos competencia
La adjudicación del VLPR confirma una tendencia preocupante en el sector de la defensa en España: programas cada vez más caros, adjudicados a dedo y concentrados en un número muy reducido de empresas, con Indra como principal beneficiaria.
Mientras el discurso oficial habla de modernización, soberanía industrial y creación de empleo, la realidad muestra un sistema cerrado, con escasa competencia, débil supervisión y un uso recurrente de argumentos estratégicos para justificar contratos millonarios sin transparencia real. Una dinámica que, lejos de reforzar la industria, erosiona la confianza en la gestión del dinero público y consolida un modelo donde siempre ganan los mismos.
Deja una respuesta