Fondos privados empujan una fusión que el Estado ya no ve tan clara
Mientras el Gobierno enfría discretamente la operación, Amber Capital mantiene su respaldo explícito a la integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una fusión que divide al consejo de administración y que el propio Ejecutivo considera problemática por su evidente conflicto de interés.
El fondo, que controla el 7,24% del capital de Indra y se sitúa como cuarto accionista de referencia, defiende que la operación permitiría levantar un “campeón nacional” de la defensa terrestre, capaz de competir con los grandes grupos europeos. Una visión que contrasta con la creciente cautela de Moncloa y con el papel incómodo que juega la SEPI, primer accionista con un 28% de la tecnológica.
Un apoyo financiero que ignora las señales de alerta política
Desde Amber Capital se insiste en que la fusión aportaría sinergias industriales y geográficas, combinando la posición de Indra en Europa con la proyección internacional de EM&E en Latinoamérica y Oriente Medio. El fondo considera que la capacidad de ingeniería de Indra encajaría con la base productiva de la empresa de los Escribano, reforzando la ambición de crear un grupo de referencia en defensa terrestre.
Sin embargo, este entusiasmo choca con las reservas del Gobierno, que observa con inquietud una operación en la que el presidente de Indra, Ángel Escribano, sería a la vez vendedor indirecto de su propia empresa familiar, actualmente dirigida por su hermano Javier, también consejero de la tecnológica. Aunque ambos se han apartado formalmente de las conversaciones, el conflicto de interés sigue pesando sobre el proceso.
La SEPI avaló la estrategia… pero ahora pide prudencia
En diciembre, el consejo de administración de Indra aprobó por unanimidad que la compra de EM&E encajaba “con la estrategia” del grupo, con el voto favorable de los tres consejeros de la SEPI. No obstante, en las últimas semanas el tono ha cambiado: el Estado teme que la valoración de EM&E esté inflada por ingresos coyunturales, ligados al pico actual del gasto militar, y no por una base estructural sólida.
La paradoja es evidente: el principal accionista público respaldó el marco estratégico, pero ahora duda de las condiciones económicas y del momento elegido para cerrar la operación. Una señal más de la incomodidad del Gobierno con una fusión que él mismo ayudó a impulsar indirectamente.
Sapa, la única oposición interna… y un contexto judicial incómodo
Dentro del consejo, la única oposición clara sigue siendo Sapa Placencia, accionista con cerca del 8% del capital, cuyos vínculos con General Dynamics —propietaria de Santa Bárbara Sistemas— añaden otra capa de complejidad industrial y geopolítica. Estas tensiones se han agravado tras el recurso presentado por Santa Bárbara ante el Tribunal Supremo contra las ayudas públicas millonarias concedidas a Indra y EM&E para los nuevos programas de artillería del Ejército de Tierra.
El litigio ha colocado bajo el foco una política industrial basada en adjudicaciones directas y financiación pública masiva, justo cuando se debate si Indra debe absorber a la empresa del propio presidente de la compañía.
Un valor en Bolsa fuerte… y una gobernanza bajo sospecha
Pese a la incertidumbre, Indra sigue contando con el respaldo mayoritario de los analistas, que confían en el impulso estructural del gasto en defensa en España y en Europa. Firmas como Bank of America, BNP Paribas o UBS mantienen recomendaciones de compra y destacan el potencial de crecimiento del grupo a medio plazo.
Pero el problema ya no es bursátil. La cuestión de fondo es de gobernanza y credibilidad institucional: una empresa participada por el Estado, empujada por fondos privados, con el Gobierno dudando en voz baja y con una operación que podría redefinir el equilibrio de poder en la industria de defensa española.
Amber Capital lo tiene claro y no esconde su apoyo. Moncloa, en cambio, duda. Y la SEPI se mueve entre el respaldo estratégico y el miedo a pagar hoy una fusión que mañana pueda convertirse en un problema político, financiero y judicial.
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