El proceso de adjudicación expone incidencias y decisiones que apuntan a un trato de favor hacia Indra.
El 27 de junio de 2022 se anunció un expediente de contratación para la gestión del escrutinio provisional de las elecciones de 2023, con un gasto máximo fijado en 39,93 millones de euros. Pese a la relevancia y magnitud del contrato, solo se presentó un licitador: INDRA, una situación que vuelve a evidenciar el “pseudo-monopolio” de facto que mantiene esta empresa en los procesos electorales españoles.
Sin embargo, la sorpresa llegó el 11 de octubre de 2022, cuando la Dirección General de Política Interior constató que la compañía no había presentado la documentación obligatoria, salvo la huella digital. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, la Mesa de Contratación consideró la oferta como retirada, ya que no hubo ningún intento de subsanación en las 24 horas siguientes ni constan fallos técnicos en la Plataforma de Contratación del Estado.
Es decir: la omisión fue responsabilidad exclusiva de INDRA.
Ante este escenario, la Mesa propuso declarar desierto el Acuerdo Marco. No obstante, el órgano de contratación acudió a la Abogacía del Estado para buscar alternativas que permitieran mantener vivo un proceso que, en teoría, debería regirse por la máxima imparcialidad. Este gesto, difícil de interpretar de otro modo, fue percibido por observadores como un indicio de trato de favor hacia INDRA.
La Abogacía sugirió modificar el anuncio y reabrir el plazo. Y así se hizo: el 24 de octubre de 2022 el Ministerio del Interior aprobó la reapertura. ¿El resultado? De nuevo, solo INDRA se presentó, y además igualó exactamente el precio máximo de licitación, un comportamiento típicamente asociado a posiciones de dominio sin competencia real.
La compañía alegó problemas con la plataforma electrónica y entregó la documentación mediante el registro general del Ministerio… en un pen-drive, un recurso llamativo tratándose de una empresa tecnológica que, en principio, no debería tener dificultades para reducir el tamaño de unos archivos.
Tras cinco meses de trámites, siete reuniones, cuatro informes, ampliaciones de plazo y la intervención de varios órganos, la Mesa propuso finalmente la adjudicación a INDRA el 23 de febrero de 2023. Todo un circuito de excepciones y anomalías para un proceso que debía ser rutinario y competitivo.
El resultado es preocupante: un contrato crítico se adjudicó solo tres meses antes de las elecciones, con un margen mínimo para la preparación, y tras un procedimiento opaco donde la Junta Electoral Central ni siquiera tuvo papel alguno, lo que la convierte en una “Junta fantasma” en lo que respecta al escrutinio provisional.
Así, no solo el escrutinio provisional carece de supervisión efectiva, sino que el propio proceso de licitación se ha convertido en otra “caja negra” más en torno a INDRA, alimentando la percepción de que la empresa mantiene un dominio difícil de cuestionar y aún más difícil de fiscalizar.
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