La Guardia Civil sitúa a un grupo organizado detrás de la operativa
La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de varias cuentas bancarias vinculadas a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso, al que los investigadores sitúan en el entorno del exdirigente socialista Santos Cerdán. La medida se adopta en el marco de una investigación sobre una presunta red de cobro de comisiones relacionada con ayudas y contratos públicos.
Anticorrupción investiga comisiones por ayudas y contratos públicos
La causa está impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en la supuesta percepción de unos 700.000 euros en comisiones a través de al menos cinco operaciones, en las que habrían intervenido empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI. Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y organización criminal.
El bloqueo de las cuentas fue acordado inicialmente por el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular, Antonio Piña, asumió las primeras actuaciones al encontrarse de guardia. Posteriormente, la causa pasó a reparto y quedó en manos del Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular, Santiago Pedraz, ratificó la medida. La decisión fue adelantada por El Confidencial y confirmada por fuentes judiciales.
Cinco operaciones bajo sospecha entre 2021 y 2023
Según los investigadores, la presunta actividad delictiva se habría desarrollado al menos entre 2021 y 2023, con actuaciones extendidas a distintos puntos del territorio nacional y con impacto en varias administraciones públicas. En ese periodo se habrían logrado decisiones favorables a los intereses del grupo gracias a la intervención de diferentes cargos públicos.
De acuerdo con los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los tres investigados formarían parte de un grupo autodenominado “Hirurok”, desde el que presuntamente habrían orientado expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros, aprovechando su posición, relaciones y capacidad de influencia dentro de la Administración.
La investigación apunta a un sistema coordinado para maximizar beneficios económicos mediante el cobro de comisiones, recurriendo a prácticas de contratación y facturación presuntamente mendaces. Los fondos obtenidos habrían sido canalizados principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez, según consta en una resolución judicial.
Retirada de pasaporte y comparecencias quincenales
Aunque el juez acordó la puesta en libertad de Díez, Fernández y Alonso, se impusieron medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días ante la autoridad judicial, mientras continúan las diligencias.
La investigación sigue abierta y pone bajo escrutinio la relación entre cargos públicos, empresas del sector público estatal y decisiones administrativas de elevado impacto económico, en una causa que vuelve a situar a la SEPI en el centro del debate judicial y político.
Deja una respuesta