Gobierno ausente, CNMV muda y una empresa estratégica sin frenos
Lo que rodea a Indra, a su principal accionista público —la SEPI— y a la fulgurante expansión de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ya no puede explicarse como una simple concatenación de decisiones empresariales. Estamos ante un patrón. Un patrón de captura del Estado, de adjudicaciones a dedo, de conflictos de interés normalizados y de silencio institucional que retrata hasta qué punto el sistema está podrido.
La SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda y primer accionista de Indra, no es un actor pasivo. Es la palanca política que conecta al Gobierno con una empresa estratégica que no deja de recibir contratos millonarios sin concurso, mientras prepara la compra de la empresa privada de su propio presidente. Una operación que en cualquier democracia funcional habría sido bloqueada de inmediato.
Aquí no.
La SEPI: del control público al engranaje del poder
La detención de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y hombre de máxima confianza de María Jesús Montero, no es un episodio aislado. Es la prueba de que la SEPI ha sido colonizada políticamente desde 2018 y utilizada como instrumento de poder, no como garante del interés público.
Fernández fue nombrado por Montero nada más llegar al Gobierno. Antes, ya había sido su hombre de confianza en la Junta de Andalucía. Tras salir de la SEPI, siguió operando en su entorno y acabó vinculado a Servinabar, empresa relacionada con la cúpula del PSOE. Hoy está investigado por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
Y aun así, la SEPI no ha hecho ninguna autocrítica.
No ha explicado nada.
No ha depurado responsabilidades.
No ha revisado su actuación en Indra.
Indra: una empresa estratégica convertida en máquina de contratos a dedo
Desde que la SEPI consolidó su control accionarial, Indra ha encadenado adjudicaciones públicas multimillonarias, muchas de ellas sin concurso, amparadas en fórmulas excepcionales que ya no son excepcionales, sino norma. Defensa, tecnología, armamento, programas especiales de modernización: todo pasa por Indra.
Al mismo tiempo, el consejo de administración ha sido purgado. Cinco consejeros —independientes y ejecutivos— han salido por oponerse a la fusión con EM&E. El mensaje ha sido claro: quien estorba, se va.
El resultado es un consejo dócil, un debate inexistente y una empresa estratégica del Estado que avanza hacia una operación éticamente indefendible.
La fusión Escribano: el conflicto de interés llevado al extremo
La posible fusión entre Indra y Escribano M&E es el símbolo perfecto del sistema corrupto que se ha construido. La empresa participada por el Estado estudia comprar por hasta 2.000 millones de euros la compañía privada de su propio presidente, cuya valoración se ha multiplicado por veinte en apenas tres años.
No hay explicación pública.
No hay análisis financiero transparente.
No hay intervención de la CNMV.
No hay freno político.
Los informes encargados a consultoras internacionales evitan hablar de dinero, como si el problema no fuera precisamente ese. La SEPI pide tiempo, pero no cuestiona la operación. El Gobierno guarda silencio. Todos saben que es inaceptable, pero nadie quiere asumir el coste de decirlo en voz alta.
Gobierno débil, controles ausentes, empresas capturadas
Todo esto ocurre mientras el Gobierno atraviesa una crisis profunda: escándalos encadenados, derrotas parlamentarias, presupuestos bloqueados y una legislatura que puede morir sin cuentas públicas. En ese contexto, las empresas públicas y participadas se convierten en refugios de poder, en espacios donde se reparten contratos, se aseguran lealtades y se construyen salidas futuras.
La expansión de Escribano M&E no es casual. Es el producto de un ecosistema donde la cercanía al poder sustituye a la competencia, donde la fiscalización desaparece y donde el Estado deja de ser árbitro para convertirse en socio.
Conclusión: cuando el sistema falla, la corrupción se convierte en método
La SEPI debería proteger el interés público.
Indra debería rendir cuentas como empresa estratégica.
El Gobierno debería dar explicaciones.
La CNMV debería actuar.
No lo hacen.
Y cuando ninguna institución cumple su función, la corrupción deja de ser un delito puntual para convertirse en un sistema de gobierno. Un sistema donde todo está conectado: partido, Gobierno, empresas públicas y contratos millonarios.
Lo que está en juego no es solo una fusión.
Es la credibilidad del Estado.
Y hoy, esa credibilidad está siendo triturada en silencio.
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