La fusión de Indra ya no es empresarial: es una operación dirigida desde Moncloa
La operación para integrar Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha entrado en una fase abiertamente política. Según ha revelado Vozpópuli, la Moncloa ha pasado de la prudencia formal a la presión directa para desbloquear una fusión que concentra poder, contratos públicos y control accionarial en torno a una misma familia.
De acuerdo con fuentes citadas por ese medio, Manuel de la Rocha, mano derecha de Pedro Sánchez en asuntos económicos, contactó personalmente con Ángel Escribano, presidente de Indra, para instarle a ceder poderes ejecutivos como vía para facilitar la compra de su empresa familiar. Una maniobra que, lejos de disipar las sospechas, refuerza la percepción de un conflicto de interés evidente en una compañía estratégica para el Estado.
Un “gigante de la defensa” construido desde los despachos
La fusión se presenta oficialmente como un paso clave para crear un campeón nacional de la defensa. Sin embargo, en Bruselas el movimiento genera inquietud. El motivo es claro: tras la integración, la familia Escribano pasaría de controlar algo más del 14% del capital de Indra a superar el 25%, colocándose en una posición dominante en una empresa donde el Estado es accionista, cliente y regulador.
Este escenario ha encendido las alarmas en la SEPI, que actualmente posee cerca del 28% del capital. Si la operación se ejecuta con una valoración de EM&E cercana a los 2.000 millones de euros, el peso del Estado se diluiría, dejando el control efectivo de Indra en manos privadas tras años de respaldo público.
El Gobierno teme perder el control tras haberlo impulsado
La paradoja es evidente. Durante los últimos años, Indra ha sido convertida por decisión política en el principal proveedor del Ministerio de Defensa, acumulando adjudicaciones millonarias y acceso a financiación pública en condiciones extraordinarias. Ahora, el mismo Gobierno que impulsó ese crecimiento teme perder capacidad de control sobre la compañía.
Por ello, según las fuentes consultadas por Vozpópuli, desde Moncloa se estudia exigir una futura ampliación de capital para recomponer el equilibrio accionarial. Una solución que evidencia hasta qué punto la operación se está diseñando desde el poder político, y no desde criterios industriales, técnicos o de mercado.
Presidencia institucional para maquillar el problema
El plan que se baraja en el entorno gubernamental pasa por transformar la presidencia de Indra en un cargo meramente institucional, mientras el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, asumiría el control ejecutivo real. Una fórmula pensada para calmar a Bruselas y reducir el impacto reputacional del conflicto de intereses, aunque dentro del propio Ejecutivo reconocen la dificultad de imponer una arquitectura de poder de este tipo.
Mientras tanto, los Escribano han ido tejiendo alianzas clave dentro del accionariado. Entre ellas destaca Joseph Oughourlian, presente en Indra a través de Amber Capital, cuyo respaldo puede resultar decisivo en un consejo de administración cada vez más fracturado. Aun así, sin el voto favorable de los consejeros de la SEPI, la fusión sigue bloqueada.
Créditos públicos y una valoración bajo sospecha
Otro elemento que agrava la polémica es la valoración de EM&E. En el sector se cuestiona si esa cifra refleja su valor real o si incorpora expectativas futuras ligadas a contratos públicos y créditos blandos concedidos recientemente por el Gobierno por más de 7.000 millones de euros.
La duda no es menor: si el valor de EM&E se sostiene sobre decisiones políticas previas, la fusión no solo consolidaría un conflicto de interés, sino que podría suponer una transferencia indirecta de poder y valor público hacia un núcleo familiar concreto.
Una salida que revela el clima interno
En este contexto, la reciente salida de la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Indra, Carmen Pérez, vinculada al entorno de Moncloa, se interpreta en el sector como un síntoma más del ajuste interno que acompaña a la operación.
La fusión Indra–Escribano, lejos de consolidar un proyecto industrial incuestionable, ha abierto un debate incómodo sobre gobernanza, transparencia, corrupción institucional y captura política del sector de defensa. Un debate que, por ahora, nadie parece dispuesto a afrontar, pese a estar en juego una de las empresas más estratégicas de España.
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