El precedente del Covid: el contrato de los respiradores
La investigación judicial sobre la trama de los hidrocarburos ha vuelto a situar en el foco al entorno político de la exministra de Industria Reyes Maroto, con una batería de citaciones que incluyen a exjefes de gabinete tanto de Maroto como de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera. Unas comparecencias solicitadas expresamente por Hazte Oír y la Fiscalía Anticorrupción, que investigan presuntas irregularidades en la concesión de licencias para operar con carburantes.
Según la Fiscalía y la Guardia Civil, el que fuera jefe de gabinete de Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, habría mantenido al menos tres reuniones entre diciembre de 2020 y enero de 2021 con empresarios hoy investigados. Entre ellos, Claudio Rivas, señalado como cabecilla de la presunta organización criminal, y vinculado a Villafuel, empresa clave del entramado que habría cometido un fraude millonario de IVA tras obtener la licencia como operadora.
Los investigadores sostienen que uno de esos encuentros tuvo lugar el 28 de diciembre de 2020 en el Ministerio de Industria, con el objetivo de acelerar la concesión administrativa. Además, se detectaron otras dos citas: una previa de carácter “informal” y otra ya en enero de 2021. La Guardia Civil apunta incluso al pago de un millón de euros para agilizar los trámites, extremo que forma parte de la investigación judicial en curso.
Un precedente incómodo: el contrato de los respiradores en plena pandemia
Este nuevo frente judicial reaviva el recuerdo de otro episodio controvertido que también tuvo como protagonista al Ministerio de Industria bajo el mando de Reyes Maroto. Durante los primeros meses de la pandemia, el departamento impulsó que Escribano Mechanical & Engineering asumiera la fabricación de 5.000 respiradores, pese a que el diseño y la patente pertenecían a Hersill, una empresa especializada en equipos médicos.
El Ministerio de Sanidad adjudicó el 9 de abril de 2020 a Escribano M&E un contrato de 36 millones de euros para producir en apenas dos meses los respiradores Vitae 40, con entregas semanales de 600 unidades. El expediente justificaba la operación en una supuesta colaboración industrial entre Hersill y Escribano, basada en la capacidad productiva de esta última.
Sin embargo, el propio consejero delegado de Hersill, Óscar Jordán, explicó públicamente que fue el Ministerio de Industria quien llamó a la empresa y, posteriormente, instó a contactar con Escribano al constatar que su planta de Móstoles no podía asumir en solitario la producción exigida en los plazos marcados.
Un patrón que vuelve a emerger
Aunque los contextos son distintos —una investigación penal por hidrocarburos y una contratación de emergencia durante el Covid—, ambos episodios comparten elementos que hoy vuelven a levantar críticas: intermediación política directa, elección de socios concretos y decisiones administrativas de enorme impacto económico adoptadas desde el entorno del Ministerio de Industria.
El caso de los respiradores nunca llegó a los tribunales, pero dejó dudas sobre criterios de selección, urgencias justificadas y beneficiarios finales. Ahora, la causa de los hidrocarburos sitúa de nuevo a antiguos responsables del mismo ministerio ante el juez, alimentando la percepción de que las fronteras entre gestión pública, relaciones empresariales y decisiones discrecionales han sido, como mínimo, difusas.
De Industria a Defensa: ecos que alcanzan a Indra
El protagonismo recurrente de Escribano en contratos estratégicos —primero en pandemia y después en grandes programas militares— conecta este relato con otro debate de fondo: el del modelo de concentración de contratos públicos en torno a un reducido número de empresas, un esquema que también se repite en Indra, socio habitual de Escribano en adjudicaciones multimillonarias.
Mientras la justicia avanza en la investigación de la trama de los hidrocarburos, el pasado vuelve a pesar. Y lo hace poniendo el foco en una misma pregunta: si episodios aparentemente aislados responden a decisiones excepcionales o forman parte de un patrón estructural en la gestión del poder y del dinero público.
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