Una operación que tensiona la credibilidad de la principal empresa de defensa
El consejo de administración de Indra ha decidido avanzar en una de las operaciones más controvertidas de su historia reciente: la integración de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Y lo ha hecho otorgando plenos poderes al consejero delegado, José Vicente de los Mozos, para negociar una transacción marcada desde su origen por un conflicto de interés evidente.
La decisión, adoptada en la última reunión del consejo, permite a De los Mozos pilotar una operación que inicialmente se planteó como una fusión por absorción, aunque ahora se barajan fórmulas alternativas, como la adquisición de una participación mayoritaria. Sea cual sea el formato final, el fondo del problema sigue intacto: Indra está negociando consigo misma.
Una negociación entre consejeros, accionistas… y beneficiarios
EM&E no es un tercero independiente. Su propiedad recae en Ángel Escribano, actual presidente de Indra, y en su hermano Javier Escribano, que además ocupa un asiento en el consejo de Indra como consejero dominical. La empresa familiar controla ya el 14,3 % del capital del grupo tecnológico.
Este entramado convierte la operación en un ejemplo paradigmático de conflicto de interés, justo lo que el Código de Buen Gobierno de Indra establece que debe evitarse de forma expresa. Sin embargo, lejos de reforzar los mecanismos de control, el consejo ha optado por acelerar el proceso y delegarlo en el propio consejero delegado.
El silencio de De los Mozos ante un conflicto flagrante
La posición de José Vicente de los Mozos resulta especialmente delicada. Como consejero delegado y miembro del consejo, está obligado a garantizar que las decisiones estratégicas se adopten con independencia, transparencia y defensa del interés social. No obstante, ha aceptado liderar una negociación con una compañía controlada por el presidente del consejo que le supervisa.
Este doble rol no solo tensiona la gobernanza corporativa, sino que erosiona la credibilidad de Indra ante el mercado y los accionistas minoritarios, que observan cómo una operación de enorme calado se cocina dentro de un círculo cerrado de poder.
El Gobierno duda… pero no frena la operación
El Estado, primer accionista de Indra con un 28 % del capital, a través de la SEPI, fue inicialmente uno de los principales impulsores del movimiento. Sin embargo, con el paso de las semanas, han surgido dudas en el Ejecutivo, especialmente por el riesgo de perder el control de la principal empresa nacional de defensa en un contexto geopolítico sensible.
La clave está en la valoración final de EM&E, que se conocerá tras la auditoría de las cuentas de 2025. De esa cifra dependerá el peso real de la empresa de los Escribano en Indra y el grado de dilución de los actuales accionistas en una eventual fusión.
Alternativas que no despejan las sospechas
Aunque ahora se plantea limitar la operación a la adquisición de una participación de control (50,01 %), ya sea en efectivo o mediante acciones, el conflicto de interés no desaparece. Cambia la fórmula, pero no los protagonistas ni el desequilibrio de poder.
En este contexto, comienza a ganar fuerza una posibilidad hasta ahora marginal: que Ángel Escribano dé un paso al lado para reducir la presión política y mediática. Una salida que, de producirse, no borraría las dudas ni el daño reputacional acumulado.
Una gobernanza debilitada y una reputación en riesgo
Lo que está en juego no es solo una operación corporativa, sino la credibilidad del sistema de gobierno de Indra, la protección de los accionistas minoritarios y la confianza en que la principal empresa española de defensa se rige por normas claras y no por intereses familiares cruzados.
Hoy, la integración con EM&E no se percibe como una decisión estratégica, sino como un conflicto de interés institucionalizado, avalado por un consejo que ha preferido mirar hacia otro lado y ejecutado por un consejero delegado que debería haber sido el primer garante de la neutralidad.
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