Una participación del 10% utilizada como excusa, no como herramienta
Telefónica ha puesto en marcha un Expediente de Regulación de Empleo que afecta a 6.088 trabajadores, el 35,3% de la plantilla de las filiales implicadas. Es el mayor ajuste laboral de la compañía en una década y está directamente ligado al plan estratégico que recorta 1.510 millones en costes operativos hasta 2028.
La particularidad es que esta medida se produce en una empresa donde el Estado, a través de la SEPI, posee un 10% del capital.
La SEPI apoya el plan… y evita cualquier cuestionamiento
Pese a la magnitud del ERE, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales no ha planteado objeciones sustantivas al recorte. Al contrario: fuentes del organismo aseguran que su “exigencia” se limita a que haya “acuerdo con la parte social”, sin entrar a valorar el volumen de despidos ni su necesidad.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha señalado directamente al organismo público:
“El dinero público no está para despedir a nadie”, afirmó tras el Consejo de Ministros, calificando de “indecente” que una empresa participada por el Estado impulse un despido masivo. Díaz remitió una carta formal a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, deslizando que el organismo está avalando decisiones contrarias al interés general.
Desde el PSOE, la vicepresidenta María Jesús Montero rebajó las expectativas sobre la capacidad de influencia del Estado. Recordó que Telefónica “es una empresa privada” y que la participación del 10% “no permite maniobra real”. Una postura que, en la práctica, legitima que el Estado actúe como accionista pasivo: paga, pero no condiciona.
El papel de la SEPI, en entredicho
La postura de la SEPI deja en evidencia un problema estructural:
¿Para qué sirve la presencia del Estado en empresas estratégicas si no interviene ante decisiones que afectan a miles de empleados y al interés público? Su perfil bajo convierte al organismo en una figura decorativa, más preocupada por no molestar a los grandes ejecutivos que por ejercer la función pública que se le atribuye.
Pese a que el mercado ha penalizado el plan estratégico —la acción cae un 7% en lo que va de año y el dividendo se reduce a la mitad—, la compañía mantiene su apuesta por los despidos como vía de ajuste.
La SEPI no ha cuestionado tampoco esta estrategia, reforzando la idea de que actúa como un socio espectador.
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