El Supremo, próximo escenario de la guerra entre compañías
La tensión entre Indra y Santa Bárbara Sistemas ha escalado en las últimas semanas hasta un punto inédito, con acusaciones cruzadas, burofaxes y una batalla judicial que amenaza con romper definitivamente el frágil equilibrio del sector de defensa en España. Según ha podido saber El Confidencial, la filial española de General Dynamics ha exigido explicaciones formales a Indra por la presunta circulación irregular de documentación confidencial relacionada con algunos de los principales programas de blindados del Ejército de Tierra.
Un conflicto que va más allá de los contratos
El enfrentamiento no se limita ya a la disputa por los más de 7.500 millones de euros en contratos públicos adjudicados por el Gobierno a Indra y a su socio Escribano Mechanical & Engineering. Santa Bárbara ha puesto el foco en un episodio que, de confirmarse, podría tener implicaciones legales graves: la supuesta utilización de información sensible sobre vehículos como el Castor o el 8×8 Dragón, programas estratégicos para Defensa.
De acuerdo con varias fuentes del sector citadas por El Confidencial, Santa Bárbara remitió hace semanas un burofax a Indra reclamando aclaraciones tras la publicación en medios digitales de datos técnicos que la compañía considera internos. La empresa estadounidense sospecha que esa información procede de archivos confidenciales a los que tuvo acceso un directivo que, hasta hace poco, formaba parte de su estructura.
El papel del director jurídico de Indra
El foco del conflicto apunta al entorno de Ángel de Álvaro, actual director jurídico de Indra y uno de los fichajes clave impulsados por el presidente del grupo, Ángel Escribano. De Álvaro había sido hasta la pasada primavera secretario general del consejo de General Dynamics European Land Systems, y representaba a Santa Bárbara en el consorcio Tess Defence, creado para canalizar grandes programas de blindados.
Según las mismas fuentes, Santa Bárbara también habría enviado un segundo burofax directamente al propio De Álvaro, al entender que un familiar suyo remitió por error correos con archivos sensibles a una dirección equivocada. Un incidente que, lejos de quedar en una anécdota administrativa, ha sido interpretado internamente como un posible caso de espionaje industrial, en un contexto de máxima rivalidad empresarial.
Retrasos, multas y guerra interna en Tess Defence
Este nuevo episodio se produce cuando los grandes programas de blindados acumulan retrasos significativos en las entregas, hasta el punto de que el Ministerio de Defensa ha impuesto sanciones económicas a los socios de Tess Defence —Indra, Santa Bárbara, SAPA Placencia y EM&E— por incumplimientos contractuales. Lejos de cerrar filas, estas penalizaciones han intensificado las acusaciones mutuas entre los socios, que se señalan unos a otros como responsables de los fallos técnicos e industriales.
La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, trasladó ya en otoño su preocupación directa a la cúpula de Indra, advirtiendo de posibles medidas adicionales si no se aceleraban las entregas de los cerca de 350 vehículos comprometidos desde 2020.
La batalla judicial y el trasfondo político
En paralelo, Santa Bárbara ha llevado el conflicto al Tribunal Supremo, donde ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el diseño del plan industrial impulsado por el Gobierno. La compañía denuncia que las adjudicaciones directas a Indra y Escribano suponen, en la práctica, su expulsión del mercado español de defensa, pese a contar con décadas de implantación industrial en el país.
Este choque no es nuevo. Poco después de asumir la presidencia de Indra, Ángel Escribano trató de comprar Santa Bárbara, una operación que no fue comunicada al consejo de administración y que generó malestar en Estados Unidos. Desde entonces, la relación entre ambos grupos ha derivado en una guerra abierta, con frentes corporativos, judiciales y ahora también reputacionales.
Ni Indra ni General Dynamics han querido realizar comentarios oficiales sobre este último episodio. Sin embargo, fuentes próximas al sector admiten que la situación ha entrado en una fase crítica, en la que los grandes contratos, la reorganización industrial impulsada desde Moncloa y la lucha por el control del mercado español de defensa se entrelazan en un conflicto que amenaza con prolongarse en los tribunales.
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