La SEPI y el silencio ante una operación altamente controvertida
Lo que está ocurriendo con Escribano Mechanical & Engineering no tiene precedentes en Europa. Ni por velocidad, ni por volumen, ni por descaro. En apenas cinco años, una empresa que nunca había superado los 40 millones de euros de facturación en la década anterior, con beneficios mínimos y una estructura industrial básica dedicada casi en exclusiva a la reparación de piezas, ha sido transformada en un supuesto “campeón nacional” valorado por encima de los 1.000 millones de euros.
Ha sido una operación de engorde con dinero público, ejecutada a base de adjudicaciones directas, contratos sin competencia real y apoyo político explícito, hasta convertir una empresa menor en una pieza central del sistema de Defensa. Y ahora, culmina con el movimiento más obsceno posible: Indra pretende comprar la empresa de su propio presidente.
De taller auxiliar a “joya estratégica” por decreto
Durante más de diez años, antes de que el Gobierno comenzara a repartir contratos a dedo, Escribano no pasó de ser un proveedor secundario, con una actividad industrial limitada, centrada en mantenimiento y reparación, sin productos propios de alto valor añadido y sin una posición relevante en el mercado europeo.
Ese pasado no se discute porque resulta incómodo. Porque desmonta el relato oficial del “éxito empresarial”. El salto no se explica por el mercado, sino por el BOE. Por decisiones políticas que, en tiempo récord, colocaron a Escribano en todos los grandes programas terrestres, siempre junto a Indra, siempre con dinero público y siempre desplazando a competidores históricos con más experiencia y tecnología contrastada.
Un presidente comprándose a sí mismo
El escándalo alcanza su punto máximo con la fusión planteada entre Indra y Escribano. Ángel Escribano es, al mismo tiempo, presidente de Indra y propietario de la empresa que Indra quiere comprar. Es decir, comprador y vendedor son la misma persona.
No hay matices posibles. No es una “apariencia” de conflicto de interés. Es un conflicto de interés total, directo y absoluto. El presidente decide si se compra la empresa, en qué condiciones, a qué precio… y después cobra como dueño de la empresa adquirida.
Todo ello en una compañía participada por el Estado a través de la SEPI, con miles de millones de euros públicos en juego y con contratos estratégicos para el Ejército. En cualquier país con estándares mínimos de gobernanza, esta operación habría sido bloqueada de inmediato. Aquí, en cambio, se normaliza.
Contratos primero, proyectos después
Mientras se prepara esta autooperación, Indra y Escribano ya tienen asegurados cerca de 900 millones de euros en 2025, procedentes de los Programas Especiales de Modernización. Dinero garantizado antes incluso de que los proyectos estén definidos: sin plataformas cerradas, sin proveedores claros y con una dependencia evidente de tecnología extranjera.
Solo en artillería, la UTE Indra–Escribano cobrará más de 760 millones de euros el próximo año, a los que se suman 386 millones en préstamos del Ministerio de Industria. Todo ello bajo el discurso de la “tecnología nacional”, cuando en realidad se habla de licencias foráneas, plataformas extranjeras y ensamblaje local.
El 8×8 Dragón: la advertencia ignorada
El 8×8 Dragón debería haber sido una señal de alarma. Un programa de 1.736 millones de euros, plagado de retrasos, sanciones, litigios y cambios de diseño. Un proyecto que Indra aún no ha sido capaz de ejecutar correctamente.
La respuesta del Estado no ha sido exigir resultados ni abrir la competencia. Ha sido dar más contratos a los mismos, aumentar su poder y profundizar la dependencia del sistema de Defensa de un reducido círculo empresarial.
Un sistema capturado que nadie quiere señalar
Lo verdaderamente grave no es solo la fusión. Es el silencio. Una operación sin precedentes, con miles de millones en juego, que transforma una empresa menor en un gigante artificial y que culmina con el presidente comprándose su propia compañía, sin que nadie —ni reguladores, ni accionistas públicos, ni responsables políticos— ponga freno.
Esto no es política industrial.
Es captura del Estado.
No es creación de campeones nacionales.
Es tráfico de influencias institucionalizado.
La pregunta ya no es cómo Escribano pasó de facturar 4 millones a valer más de 1.000.
La pregunta es cómo se ha permitido una operación tan burda, tan visible y tan obscena sin que nadie rinda cuentas.
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