La UCO investiga una presunta red de intermediación con empresas participadas
Según ha publicado El Español, la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha quedado gravemente cuestionada tras la detención de su expresidente Vicente Fernández y los registros policiales realizados tanto en la sede del organismo como en varias de sus empresas participadas. La SEPI depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, lo que sitúa a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en el centro de la responsabilidad política.
Pese a que Montero ha asegurado que no mantiene ningún contacto con Fernández desde su salida del cargo y que desconoce por completo sus actividades posteriores, El Español subraya que la sucesión de hechos conocidos obliga a una explicación más profunda sobre cómo se gobernó el holding estatal durante años clave.
Un nombramiento marcado por la cercanía política
Vicente Fernández fue designado presidente de la SEPI en junio de 2018. Tal y como recuerda El Español, ambos procedían de Andalucía, donde Fernández había sido interventor general de la Junta durante la etapa en la que Montero era consejera de Hacienda.
Aunque el nombramiento se justificó en criterios técnicos, la relación entre ambos era notoriamente estrecha. Durante años, Fernández fue considerado la mano derecha de la hoy vicepresidenta, una cercanía que ahora Montero trata de minimizar, según destaca el citado medio.
La imputación y un vacío de poder de 16 meses
Uno de los episodios más difíciles de explicar llegó en octubre de 2019. Fernández fue imputado por el caso Aznalcóllar, relacionado con un presunto amaño en la adjudicación de una mina. Montero procedió a su cese, pero dejó la presidencia de la SEPI vacante durante dieciséis meses, hasta marzo de 2021.
Este prolongado vacío de poder nunca fue aclarado y abre la puerta a sospechas sobre si el cargo quedó reservado a la espera de una eventual desimputación del expresidente.
Influencia en la sombra y una trama investigada
Las dudas no terminaron con el cese. Según ha revelado El Español, tras abandonar oficialmente la SEPI, Vicente Fernández fue contratado por Servinabar, la empresa vinculada a Antxon Alonso y Santos Cerdán. Además, la UCO investiga una presunta trama integrada por Fernández, Leire Díez y Alonso que habría cobrado más de 700.000 euros en comisiones por intermediar en al menos cinco operaciones con empresas de la SEPI entre mayo de 2021 y febrero de 2023.
La pregunta clave, como plantea el diario, es si Fernández siguió influyendo en las decisiones del holding a través de intermediarios, pese a haber sido destituido formalmente.
Los rescates de la pandemia, bajo sospecha
Durante ese periodo sin liderazgo claro, la SEPI tramitó algunos de los rescates empresariales más controvertidos de la pandemia, entre ellos el de Plus Ultra, el de Air Europa —hoy bajo investigación judicial— y los de Duro Felguera o Tubos Reunidos.
Tal y como subraya El Español, resulta difícil entender cómo se adoptaron decisiones de repercusión multimillonaria mientras el organismo carecía de un presidente efectivo.
Nombramientos políticos y un despido sin Fiscalía
A este contexto se suman los nombramientos de personas vinculadas al entorno socialista en empresas participadas por la SEPI, como Leire Díez en Correos y Enusa, o el del extesorero del PSOE investigado en el caso Koldo, designado presidente de esta última.
El último episodio revelado por El Español agrava aún más la situación: el despido de María Jesús Garrido, responsable de los rescates de la SEPI. Fue cesada tras abrirse un expediente por incompatibilidades al descubrirse que actuaba como comisionista, pero no fue denunciada ante la Fiscalía, pese a existir una denuncia interna que alertaba de la solicitud reiterada de comisiones.
Una rendición de cuentas pendiente
María Jesús Montero ha reiterado que es “la primera interesada en que se conozca la verdad”. Sin embargo, como concluye El Español, la acumulación de vacíos de poder, presuntas tramas de intermediación, rescates polémicos y ceses sin consecuencias penales hace inevitable exigir explicaciones políticas detalladas.
La SEPI gestiona miles de millones de euros de dinero público. Y hoy, más que nunca, la pregunta que flota es cómo, bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda, el mayor holding empresarial del Estado pudo convertirse en un foco constante de sospechas y escándalos.
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