La adjudicación de un contrato de 36 millones para fabricar respiradores en pandemia marcó un punto de inflexiónen la trayectoria de Escribano
La adjudicación de un contrato público durante la pandemia marcó el antes y el después en la trayectoria de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una empresa familiar madrileña que, en apenas cinco años, ha pasado de fabricar mecanizados metálicos a convertirse en uno de los actores más influyentes del sector de defensa español. Su irrupción reciente como accionista de Indra, compañía estratégica bajo control estatal, ha reavivado el debate sobre el papel de todos estos contratos públicos con objetivos lucrativos.
Durante la emergencia sanitaria de 2020, el Ministerio de Sanidad otorgó a Escribano un contrato de 36 millones de euros para el suministro de respiradores. La empresa no tenía experiencia previa en el ámbito sanitario, pero actuó como intermediaria en la distribución de equipos producidos por la firma médica Hersill. Aquella adjudicación, concedida en un contexto de urgencia, supuso un impulso económico excepcional: representó un tercio de la facturación anual de la compañía y consolidó su salto hacia los grandes contratos públicos.
Tras ese episodio, EM&E intensificó su presencia en el ámbito de defensa, logrando participación en programas clave como el vehículo blindado 8×8 “Dragón” o el sistema antidrón C-UAS. En paralelo, su facturación se multiplicó por más de siete, superando los 350 millones de euros en 2024. Un crecimiento que, según fuentes del sector, sería difícil de explicar sin el apoyo institucional y la confianza del Gobierno en su capacidad industrial.
El anuncio de la compra de un 3 % de Indra por parte de Escribano —valorado en unos 68 millones de euros— ha reavivado las preguntas sobre la conexión entre empresa y Estado. El movimiento se produce en un contexto en el que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantiene un 28 % de Indra y el Ejecutivo busca reforzar el liderazgo nacional en defensa y tecnología.
Desde Escribano, su presidente, Ángel Escribano, defiende que la operación responde a una “estrategia empresarial de crecimiento y compromiso con la industria nacional”, negando cualquier vínculo con decisiones políticas o pasadas adjudicaciones. Sin embargo, analistas del sector interpretan el paso como parte de un proceso más amplio de concentración industrial en torno a empresas con fuerte respaldo público.
Mientras tanto, persisten las dudas sobre el grado de supervisión y transparencia en algunos de los contratos que impulsaron este ascenso. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los órganos de control financiero podrían tener un papel clave en evaluar si la integración de intereses empresariales y estatales se está produciendo dentro de los cauces de competencia leal.
Del taller de mecanizados de Coslada a los despachos de la alta tecnología de defensa, Escribano encarna un modelo de crecimiento que refleja las tensiones del nuevo complejo industrial español: entre la innovación y la dependencia del Estado, entre la autonomía tecnológica y el riesgo de concentración del poder.
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