¿Quién decide realmente el reparto del Perte Chip?
La apuesta del Gobierno por la microelectrónica vuelve a generar debate tras la inyección de 22 millones de euros en Ideaded, una deep tech catalana especializada en microchips beyond silicon. La operación, canalizada a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), llega en un momento especialmente sensible para la política industrial del país.
De los 22 millones invertidos, 9,5 millones proceden de fondos públicos del Perte Chip, mientras que el resto lo aportan EM&E y socios privados ya presentes en el capital. Con estos recursos, Ideaded prevé ampliar su planta piloto de Viladecans y adquirir la maquinaria necesaria para producir hasta 50 obleas mensuales a partir de 2026.
Un movimiento que alimenta suspicacias
La presencia simultánea del Gobierno y de EM&E en una operación de carácter estratégico coincide con un proceso más amplio: la posible fusión de EM&E con Indra, la compañía que el Ejecutivo aspira a convertir en el “campeón nacional” de la defensa. El hecho de que Ángel Escribano, copropietario de EM&E, presida también Indra, añade presión sobre la transparencia y gobernanza de todo el proceso.
Críticos del sector alertan de que esta acumulación de roles —proveedor del Estado, receptor de fondos públicos y aspirante a fusionarse con la principal tecnológica estatal— incrementa el riesgo de conflictos de interés. La forma en que se están articulando estas operaciones, argumentan, favorece a un mismo grupo empresarial en varios frentes estratégicos al mismo tiempo.
Una industria que avanza a golpe de financiación pública
Ideaded, fundada en 2015, ha dependido históricamente de financiación pública para sostener un proyecto tecnológico de largo recorrido. En 2021 recibió 6 millones del Govern a través de Avançsa e ICF, y ahora vuelve a nutrirse de fondos estatales. Aunque la empresa destaca por su investigación en materiales alternativos al silicio —un campo en el que solo operan una veintena de plantas en todo el mundo—, su supervivencia continúa ligada al apoyo institucional.
Según Javier Ponce, director general de la SETT, el objetivo es impulsar una cadena de suministro nacional de semiconductores: “Este empuje permitirá producir semiconductores de forma masiva en el futuro”, afirmó durante su visita a las instalaciones.
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