De Coslada al corazón del poder
A principios de los noventa, Ángel Escribano, un tornero industrial formado en FP, se incorporó a una pequeña empresa familiar en Coslada dedicada a la mecanización de piezas metálicas: Escribano Mechanical & Engineering S.L.. Durante tres décadas, el negocio creció lentamente, sin grandes hitos. En 2019, la empresa facturaba unos 44 millones de euros, una cifra modesta en comparación con los gigantes del sector. Fue entonces cuando se produjo la magia.
El salto no llegó hasta 2020, en plena pandemia de COVID-19. A pesar de no tener experiencia en el ámbito sanitario, Escribano recibió un contrato directo de 36 millones de euros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para suministrar respiradores pulmonares.
La empresa no fabricó ni diseñó los equipos —esa labor correspondió a la firma médica Hersill—, sino que actuó como intermediaria. Sin embargo, tasó cada unidad por 5.959 euros, mientras que Hersill la vendía por 1.724 euros, generando un margen de más de 20 millones en plena emergencia sanitaria.
El contrato que lo cambió todo
Aquella adjudicación fue el punto de inflexión. A partir de 2020, Escribano M&E comenzó a recibir contratos públicos de enorme envergadura, pasando en solo cuatro años de facturar 44 millones a superar los 355 millones en 2024, con previsión de alcanzar los 430 millones en 2025.
Un crecimiento del más del 700 %, sin cambios estructurales significativos ni una expansión tecnológica visible.
Entre los contratos más llamativos se encuentran:
- Sistema Lanzacohetes SILAM (2023): 697 millones de euros.
- Torres Guardian 30 para blindados 8×8 (2020): más de 200 millones.
- Sistemas anti-drones C-UAS (2024): 36,5 millones.
Todos ellos adjudicados en procedimientos restringidos o sin publicidad, lo que alimenta la percepción de favoritismo y opacidad en el reparto de fondos públicos.
Las conexiones políticas y la red de poder
El ascenso de Escribano coincidió con un periodo de máximo control del Gobierno sobre el sector de defensa, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Diversos analistas apuntan a que este crecimiento habría sido impulsado por una red de contactos políticos y empresariales vinculados al entorno del PSOE, con figuras como María Jesús Montero, responsable de la SEPI, y Gaspar Zarrías, histórico operador del partido, como nexos de influencia.
Según esas mismas fuentes, Zarrías habría actuado como intermediario informal entre empresas privadas y el Gobierno, ofreciendo acceso a contratos y participación accionarial a cambio de alineación política o lealtad institucional.
De pyme discreta a actor clave del complejo militar español
En solo un lustro, Escribano Mechanical & Engineering ha pasado de ser un proveedor secundario a un pilar del ecosistema de defensa nacional, con presencia en programas estratégicos como el VCR 8×8 Dragón o el sistema de vigilancia marítima SIVE, en el que la empresa controla la mayoría de los contratos de mantenimiento.
Hoy, los Escribano forman parte de la nueva élite industrial española, participando incluso en la dirección del grupo Indra, la mayor tecnológica de defensa del país. Su influencia se extiende desde la fabricación de componentes militares hasta la vigilancia fronteriza, convirtiéndose en un socio habitual del Ministerio de Defensa.
Un ascenso tan brillante como controvertido
El éxito de los hermanos ha sido descrito como un caso de crecimiento empresarial sin precedentes, pero también como un ejemplo de concentración de poder público en manos privadas. Su dependencia de contratos estatales, la falta de competencia en muchas adjudicaciones y su proximidad a la esfera política han encendido todas las alarmas sobre el riesgo de conflictos de interés y clientelismo institucional.
De tornero a magnate de la defensa, la historia de los hermanos Escribano simboliza una transformación que no todos celebran: un modelo en el que los grandes contratos no se ganan tanto por innovación, sino por cercanía al poder.
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