El pulso con Santa Bárbara Sistemas agrava la incertidumbre
El cambio de actitud de Indra llamó la atención esta semana en uno de los principales foros empresariales del país. Acostumbrado a intervenciones largas, provocadoras y sin matices, su presidente, Ángel Escribano, optó esta vez por un perfil bajo durante su participación en el Spain Investors Day, celebrado en Madrid.
Frente a una audiencia que esperaba un discurso ambicioso sobre el futuro de la defensa y el papel de Indra, Escribano se limitó a un mensaje genérico sobre la compañía como motor industrial del sector, cediendo todo el protagonismo a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Una sobriedad inusual en alguien que, apenas unos meses antes, había dedicado casi dos horas en el Congreso a detallar los planes estratégicos del grupo.
Un presidente más prudente de lo habitual
El contraste no pasó desapercibido. En febrero de 2025, poco después de asumir la presidencia de Indra con el respaldo de la SEPI, Escribano defendía sin ambages un fuerte aumento del gasto militar y utilizaba un tono deliberadamente provocador para justificarlo. Sin embargo, en el foro empresarial su intervención fue medida, casi aséptica.
Una de las claves de esta contención podría estar en la propia presencia de Robles. La ministra ya había reprendido públicamente a Indra meses atrás por los retrasos en la entrega de los vehículos 8×8 del Ejército de Tierra, un programa valorado en unos 2.000 millones de euros que sigue siendo una losa reputacional para la compañía.
El choque con General Dynamics llega a los tribunales
A esa presión se suma el conflicto abierto con General Dynamics, propietario de Santa Bárbara Sistemas. La filial española del grupo estadounidense ha llevado ante el Tribunal Supremo la adjudicación de contratos por valor de unos 3.000 millones de euros a Indra y a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar de los hermanos Escribano.
Este litigio no solo ha elevado la tensión en el sector, sino que amenaza con ralentizar proyectos clave y proyecta la imagen de una política industrial cada vez más judicializada. Mientras Robles lamentaba públicamente los retrasos del gran programa europeo FCAS por disputas entre socios industriales, en España el pulso entre Indra y General Dynamics empieza a producir efectos similares.
La fusión que nadie aclara
Pero el elemento más incómodo sigue siendo la posible fusión entre Indra y EM&E, la compañía que preside Javier Escribano, hermano del presidente de Indra y, además, consejero del grupo cotizado. Preguntado directamente por el estado de la operación tras su intervención en el foro, Ángel Escribano se desmarcó con una respuesta tan sorprendente como reveladora: aseguró no saber en qué punto se encuentra el proceso.
La integración estaba prevista inicialmente para finales de 2025 y se valora en una horquilla de entre 1.000 y 2.000 millones de euros. Los hermanos Escribano controlan alrededor del 14% del capital de Indra, solo por detrás de la SEPI, y defienden que la fusión es necesaria para crear un gran campeón nacional capaz de absorber a otras empresas del sector.
Un conflicto de interés que el consejo prefiere aplazar
Sin embargo, la operación plantea un conflicto de interés evidente: el presidente de la empresa compradora es, a su vez, propietario de la empresa a adquirir. Pese a que el consejo de administración de Indra calificó la fusión como “coherente” con la estrategia del grupo, fuentes próximas al órgano de gobierno reconocen que existe una fuerte cautela.
La mayoría de los consejeros apuesta por esperar a los informes de auditoría de 2025 tanto de Indra como de EM&E antes de dar cualquier paso definitivo, lo que retrasa aún más una operación ya rodeada de dudas regulatorias, reputacionales y de gobierno corporativo.
Un silencio que dice más que un discurso
En este contexto, la moderación mostrada por Ángel Escribano en el Spain Investors Day adquiere otro significado. Lejos de ser un gesto casual, refleja un momento de máxima sensibilidad para Indra: retrasos industriales, litigios millonarios, escrutinio político y una fusión familiar que avanza con más preguntas que respuestas.
El silencio del presidente no despeja las incógnitas. Al contrario, refuerza la sensación de que la mayor operación corporativa pendiente de Indra se mueve en terreno resbaladizo, con el riesgo de convertir un proyecto presentado como estratégico en un caso paradigmático de mala praxis en el gobierno de una empresa participada por el Estado.
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