Más de 3.000 millones en préstamos públicos al 0% bajo sospecha
El modelo de adjudicación de los grandes programas de defensa en España vuelve a quedar bajo sospecha. Santa Bárbara Sistemas, filial de General Dynamics European Land Systems, se prepara para llevar hasta el final su ofensiva judicial contra los dos mayores contratos de artillería adjudicados por el Ministerio de Defensa a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), por un importe conjunto de 7.240 millones de euros.
La compañía ha puesto en marcha un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el que solicita la suspensión cautelar de cerca de 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% de interés, concedidos para prefinanciar los programas de obuses de ruedas y de cadenas incluidos en los Planes Especiales de Modernización (PEM).
Un procedimiento cerrado sin invitación ni concurrencia
El núcleo del conflicto es especialmente grave: Santa Bárbara denuncia que ni siquiera fue invitada al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia con el que se adjudicaron los contratos. En su escrito ante el Supremo, la empresa sostiene que el reparto se cerró sin permitir la participación del único fabricante con experiencia acreditada en sistemas de artillería, una exclusión que considera arbitraria y lesiva para la competencia.
Pese a que los contratos ya han sido formalmente adjudicados —2.686 millones para el obús de ruedas y 4.554 millones para el de cadenas—, la compañía mantiene su intención de recurrir ambas adjudicaciones y solicitar su suspensión una vez completados los trámites procesales.
Préstamos al 0% que distorsionan el mercado
Más allá de la adjudicación, el recurso pone el foco en el efecto estructural de los préstamos públicos al 0% concedidos a la UTE de Indra y Escribano. Según Santa Bárbara, permitir que estos fondos se ejecuten consolidará una ventaja competitiva artificial que le impediría competir en el mercado español de defensa durante al menos la próxima década.
El impacto, advierte la compañía, no sería solo nacional. La exclusión de los grandes programas españoles afectaría directamente a su proyección internacional, debilitando su posición en un sector donde la referencia doméstica resulta clave para competir en el exterior.
Experiencia industrial frente a relato político
Uno de los puntos más duros del recurso es la comparación directa entre los adjudicatarios y la empresa recurrente. Santa Bárbara subraya que, frente a su historial como fabricante consolidado de sistemas de artillería y vehículos de combate terrestre, Indra y Escribano carecen de experiencia, recursos o productos equivalentes en este segmento concreto.
La crítica es clara: el Gobierno habría priorizado un relato político-industrial, basado en campeones nacionales y control accionarial, por encima de criterios técnicos e industriales contrastados.
Urgencia judicial rechazada, fondos en marcha
Para acelerar la resolución de las medidas cautelares, la compañía solicitó que el periodo navideño fuese considerado hábil a efectos procesales, una petición que fue rechazada por el Supremo. Mientras tanto, los fondos siguen fluyendo y los programas avanzan, consolidando una situación que la recurrente califica de perjuicio irreparable si finalmente los tribunales le dan la razón.
Un símbolo del nuevo modelo de defensa
El caso de los obuses adjudicados a Indra y Escribano se ha convertido en el símbolo del nuevo modelo de defensa impulsado desde Moncloa: grandes contratos, procedimientos cerrados, financiación pública extraordinaria y un mercado cada vez más concentrado en torno a un número reducido de empresas.
Si el Supremo no pone freno, España corre el riesgo de normalizar un sistema de adjudicación dirigida, donde la competencia real desaparece, los riesgos se socializan y los beneficios se concentran, debilitando a medio plazo tanto la industria como la credibilidad de la política de defensa.
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