El 8×8 Dragón, símbolo del deterioro del modelo de defensa
El programa del vehículo de combate sobre ruedas 8×8 Dragón, uno de los mayores proyectos militares de la última década en España, se ha convertido en un símbolo de retrasos, sobrecostes y desorden industrial. El Tribunal de Cuentas ha decidido incluir este contrato en su plan de fiscalización, una revisión que se ejecutará en 2027 y que pone en el punto de mira la gestión de un programa liderado por Indra y financiado con miles de millones de dinero público.
El contrato, firmado hace más de cinco años por el Ministerio de Defensa con el consorcio Tess Defence, debía garantizar la modernización del Ejército de Tierra. Sin embargo, hoy el proyecto avanza a trompicones, acumula incumplimientos sistemáticos y está rodeado de tensiones internas entre sus socios industriales.
Un calendario incumplido y promesas rotas
El plan inicial contemplaba la fabricación de hasta 998 vehículos en distintas fases, con un presupuesto que arrancó por debajo de los 2.000 millones de euros y que ya supera los 2.500 millones. La primera fase preveía la entrega de 348 unidades antes de 2027. Ese objetivo, a día de hoy, es papel mojado.
En 2024, Defensa debía haber recibido 94 vehículos. No llegó ninguno. En 2025 se comprometieron otras 70 unidades y, a cierre de enero, solo se han entregado 40, todas ellas en versiones básicas. El resultado es demoledor: el Ejército debería tener ya en servicio cerca de 200 blindados y apenas cuenta con una fracción testimonial.
Silencio, opacidad y explicaciones incompletas
Pese a la magnitud del contrato, la información pública sobre el estado real del programa es mínima. En su comparecencia ante el Congreso, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcárcel, reconoció los retrasos, pero evitó detallar sanciones, sobrecostes concretos o un calendario creíble de entregas.
Desde el Ministerio se ha optado por desplazar responsabilidades hacia decisiones de gobiernos anteriores, mientras el presente del programa sigue sin despejarse. Incluso las advertencias públicas de la ministra Margarita Robles al presidente de Indra, Ángel Escribano, por los incumplimientos, no se han traducido en medidas visibles ni en un cambio de rumbo efectivo.
Un consorcio roto por dentro
A los problemas técnicos se suma un clima de desconfianza entre los socios de Tess Defence. La posible fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering, propiedad de la familia del propio presidente de Indra, ha tensado aún más las relaciones y ha generado recelos en el resto del sector por el evidente conflicto de interés que plantea.
SAPA Placencia, accionista relevante de Indra, ha reforzado su alianza con General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas, enfrentada abiertamente con Indra en otros programas. Santa Bárbara, de hecho, ha recurrido ante el Tribunal Supremo adjudicaciones millonarias concedidas a empresas vinculadas a Indra, alegando falta de capacidad técnica y exclusión del proceso.
Un programa estratégico en riesgo
La sustitución forzosa de proveedores israelíes, los continuos rediseños técnicos y la guerra interna entre socios hacen cada vez menos creíble el relato oficial de que el 8×8 Dragón es una “oportunidad industrial”. Para muchos actores del sector, se trata ya de un ejemplo de cómo una mala gobernanza, un liderazgo cuestionado y la ausencia de control efectivo pueden convertir un proyecto estratégico en un problema estructural.
Que el Tribunal de Cuentas haya decidido intervenir no es un trámite rutinario: es el reconocimiento implícito de que algo ha fallado gravemente. Y en el centro de ese fracaso aparece Indra, incapaz de cumplir plazos, de ofrecer transparencia y de sostener un consorcio industrial que se descompone mientras el dinero público sigue fluyendo.
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