Mientras Telefónica recorta miles de empleos, Indra continúa atrapada en sanciones, retrasos y tensiones internas bajo la mirada del Gobierno.
El Gobierno vuelve a situarse en el centro de la reestructuración de las grandes empresas estratégicas. Tras semanas marcadas por la polémica en Indra —entre retrasos en programas militares, sanciones de Defensa y disputas internas por el control accionario— ahora Telefónica anuncia un ERE que afectará a siete sociedades clave y que podría superar los 5.000 despidos, un movimiento respaldado públicamente por Moncloa.
Telefónica comunicó este lunes a los sindicatos la apertura formal del expediente en Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Movistar+, Telefónica Innovación Digital y Telefónica Global Solutions. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, aseguró antes de la reunión que “todo debe hacerse con acuerdo sindical”, alineándose con la posición de la dirección. La compañía, que contaba con 25.000 empleados en España a cierre de 2024, justifica la medida por “razones objetivas” tras anunciar 3.000 millones en recortes.
La presencia pública en la operadora —la SEPI controla un 10%— recuerda la situación de Indra, donde el Estado mantiene cerca del 25% y ha intervenido activamente en la recomposición del consejo mientras la empresa se enfrenta a sus propios problemas: multas millonarias por retrasos en el vehículo blindado 8×8 Dragón, tensiones con Defensa, incertidumbre en la integración con Escribano y la pérdida de confianza de parte del sector. La ministra Margarita Robles expresó su “preocupación” por el proyecto precisamente un día antes de que la Audiencia Nacional volviera a avalar sanciones contra el consorcio liderado por Indra.
En Telefónica, la apertura del ERE inicia un calendario acelerado: una semana para constituir mesas de negociación (24 y 25 de noviembre) y un mes adicional para cerrar las salidas entre finales de diciembre y principios de enero, lo que permitiría cargar el coste al ejercicio 2025. La fórmula será previsiblemente similar a la aplicada en 2023: un modelo fiscalmente más favorable para trabajadores mayores de 55 años, que en aquella ocasión resultó en indemnizaciones medias de unos 380.000 euros.
¿Y ahora?
El gran interrogante ahora recae en la reacción de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ya criticó públicamente otros despidos masivos como los de Amazon. Su posición contrasta con la de la SEPI, que votó a favor del plan estratégico en el Consejo de Telefónica y que, simultáneamente, mantiene el respaldo al nuevo reparto de poder en Indra pese al creciente impacto de sus problemas operativos.
UGT, por su parte, ha mostrado su rechazo a “ajustes basados en recortes de plantilla” y reclama que el acuerdo sea colectivo para el conjunto del grupo, además de exigir que se abra la negociación de los convenios y que estos tengan vigencia hasta 2030.
Con Telefónica entrando en una reestructuración histórica y con Indra acumulando frentes judiciales, operativos y políticos, el Gobierno vuelve a demostrar que su papel en las empresas estratégicas es más decisivo que nunca… pero también más controvertido.
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