Indra reordena su accionariado y la SEPI deja de ser el primer actor en una de las empresas clave de la defensa española.
En La Moncloa crece la inquietud por la pérdida de influencia de la SEPI —el brazo empresarial del Estado— en varias compañías estratégicas. El caso más significativo es Indra, donde la próxima fusión con Escribano Mechanical & Engineering mediante un ajuste de acciones modificará de forma sustancial el reparto de poder interno.
Según lo avanzado por el medio de comunicación, la operación permitirá que Escribano, empresa vinculada a la familia del presidente de Indra, alcance el 25% del capital. A ello se suma el peso creciente del inversor Joseph Oughourlian —presidente de Prisa— que superará el 30%. En paralelo, la SEPI quedará diluida hasta aproximadamente el 24%, perdiendo la posición dominante que había mantenido hasta ahora.
Aunque Escribano llegó a Indra inicialmente como aliado de la SEPI, la realidad es que la nueva correlación de fuerzas deja al Gobierno sin el control efectivo que había ejercido en la tecnológica, una situación incómoda para Moncloa, habituada a influir en la gobernanza de empresas con participación pública.
Tensiones también en Telefónica
La pérdida de peso político no se limita a Indra. En Telefónica —donde la SEPI adquirió un 10%— la dirección encabezada por Marc Murtra, propuesto por el Ejecutivo para reemplazar a Álvarez-Pallete, ha mostrado resistencia a determinadas directrices de Moncloa, según la noticia original. Entre ellas, recortes en publicidad a medios críticos y la compra de la división de medios de Prisa, propuestas que Murtra no habría aceptado.
La reciente salida del histórico dirigente socialista Javier de Paz del consejo, compensada con cargos ejecutivos, se interpreta en el sector como un intento de despolitizar la cúpula. Un movimiento que, por ese mismo motivo, no ha sido recibido con entusiasmo en el entorno gubernamental.
La entrada forzada en Talgo
El escenario es distinto en Talgo: aquí no hay pérdida de poder, sino una entrada obligada del Estado. Para mantener el apoyo del PNV antes de las próximas elecciones, el Gobierno tiene previsto inyectar 75 millones de euros en la compañía ferroviaria: 45 millones para adquirir el 7,8% del capital y 30 millones adicionales en bonos convertibles.
La operación, según el propio texto, se ejecutará además a 4,25 euros por acción, un precio un 45% superior al cierre bursátil (2,93 euros). Todo ello se hace, además, en alianza con Sidenor, cuyo presidente está imputado por un caso relacionado con la venta de acero presuntamente destinado a armamento en Israel, un hecho que tensiona el discurso propalestino que mantiene el Gobierno.
Un Gobierno que ve escapar su control en empresas clave
El conjunto de estos movimientos dibuja un panorama en el que la SEPI pierde peso en compañías estratégicas —especialmente en Indra— mientras se ve obligada a entrar en otras, como Talgo, por exigencias políticas externas. La fusión de Indra con Escribano marcará un punto de inflexión: la tecnológica dejará de estar bajo la influencia casi total del Estado y pasará a un reparto de poder dominado por actores privados, reconfigurando el control sobre una de las empresas clave del sector de defensa español.
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