La tensión crece en el sector de defensa a las puertas de nuevos contratos clave
La batalla por el control del sector español de defensa entra en una fase decisiva. Santa Bárbara Sistemas, filial en España de General Dynamics, ha intensificado su resistencia al plan del Gobierno para convertir a Indra en el “campeón nacional” del sector. La compañía estadounidense —una de las más críticas con el favoritismo hacia Indra— busca ahora apoyos políticos para frenar lo que muchos en la industria consideran una “concentración artificial” del poder.
El movimiento más significativo llegó en octubre, cuando Mónica Rial, responsable de Mercado Nacional y Nuevos Proyectos, aprovechó un acto público para presentarse directamente a Alberto Núñez Feijóo y trasladarle la inquietud creciente en el sector. La directiva, que hasta este verano trabajaba en la filial española de Rafael Advanced Defense Systems, expuso la preocupación por el trato preferente del Gobierno hacia Indra.
Génova abre sus puertas a la industria crítica
El líder del PP mostró interés en la denuncia y convocó a Rial y al nuevo director general, Alejandro Page, a una reunión privada en la sede del partido. Allí, los representantes de Santa Bárbara detallaron sus críticas al reparto de fondos y al papel preponderante que está adquiriendo Indra con el respaldo directo de Moncloa.
El foco del encuentro estuvo en los 6.890 millones en préstamos militares a interés cero destinados a 18 proyectos de modernización. De esa cifra, 6.582 millones han acabado en manos de Indra o de UTEs donde participa, según datos trasladados al PP. Para Santa Bárbara y otras compañías, este desbalance evidencia un favoritismo incompatible con un mercado competitivo.
Un sector que teme un monopolio de facto
La filial europea de General Dynamics considera que Indra no dispone de capacidad técnica suficiente para ejecutar todos los programas asignados y que tendrá que subcontratar. Pero la decisión de a quién, cuánto y en qué condiciones recaerá en la propia Indra, consolidando una posición que el sector teme que derive en un “monopolio por la vía política”.
El resultado de aquella reunión se reflejó semanas después en un comunicado del Partido Popular. Aunque pasó desapercibido por publicarse en fin de semana, su contenido fue contundente: el PP denunció la opacidad del Gobierno en adjudicaciones directas de Defensa y registró más de una decena de iniciativas para fiscalizar 34.168 millones en contratos y 14.283 millones en préstamos ya concedidos.
Indra, señalada por primera vez por la oposición
El comunicado alertaba de que Indra es la mayor beneficiaria de estos fondos y advertía del riesgo de que adquiera una posición dominante en el sector. Era la primera vez que Génova apuntaba directamente a la compañía presidida por Ángel Escribano, lo que evidencia la presión creciente en torno al plan de Moncloa.
La postura pública del PP resulta especialmente significativa porque, según diversas fuentes del sector, existe una relación “muy cordial” entre el equipo de Feijóo y el presidente de Indra. Pese a ello, la dirección popular no ha dudado en alinearse con las quejas del sector industrial.
La estrategia del Gobierno para reforzar a Indra sigue adelante, pese a las reticencias del sector, a las dudas sobre la capacidad real de la compañía y a la escalada de presiones políticas.
La batalla por el futuro de la industria de defensa se intensifica
Santa Bárbara ya no está sola. Cada vez más voces dentro del sector y en el ámbito político se posicionan contra el creciente poder de Indra. Y la disputa amenaza con marcar el rumbo de los próximos grandes programas militares en España.
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