¿Puede una empresa pública comprar la sociedad privada de su presidente?
El consejo de administración de Indra volvió a abrir este miércoles la puerta a una operación que en cualquier país con estándares mínimos de gobernanza sería inasumible: la posible compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa propiedad del propio presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier, también consejero de la tecnológica.
Indra sostiene ahora que la integración “encaja en la estrategia” de crecimiento inorgánico del grupo. Pero lo hace con un matiz revelador: sin valorar nada, sin comprometer nada y sin aclarar ni una sola cifra. Una estrategia calculada para avanzar sin quemarse… mientras la operación podría reportar hasta 2.000 millones a los hermanos Escribano.
Tal como ha publicado ABC, la SEPI —principal accionista de Indra, con un 28% del capital— ha pedido tiempo y ha trasladado al consejo que no tomará ninguna decisión sin ver las cuentas auditadas de 2025, lo que desplaza la operación al menos hasta el primer trimestre de 2026.
Informes que no dicen nada… para no enfrentar lo que sí importa
La comisión ad hoc creada tras la rebelión de varios consejeros independientes en 2023 encargó informes a Oliver Wyman y Renaissance Strategic Advisors.
La última versión presentada al consejo es tan inofensiva que no analiza ningún aspecto económico de la fusión. Justo lo necesario para que nadie pueda oponerse formalmente… pero tampoco para justificar nada.
Fuentes del consejo reconocen que el informe concluye únicamente que la compra “no va contra la estrategia” de Indra, una frase tan vacía que solo sirve para dejar la puerta abierta sin asumir costes políticos.
La SEPI teme demandas y a la propia CNMV
Según ABC, los tres consejeros de la SEPI han adoptado una postura mucho más conservadora tras la sucesión de escándalos que rodean al Gobierno y, especialmente, tras la detención del ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández.
En la mesa están preocupaciones muy serias:
- Demandas de accionistas minoritarios.
- Un eventual cuestionamiento de la operación por parte de la CNMV.
- Un incremento explosivo del riesgo reputacional al aprobar una operación que beneficia directamente al presidente de la compañía.
No es solo un conflicto de interés: es un conflicto de interés gigantesco, evidente, y cada día más difícil de ocultar.
Una valoración que se multiplica por veinte sin que nadie lo cuestione
La SEPI quiere ser extremadamente escrupulosa al analizar la valoración de EM&E, que en apenas tres años ha pasado de 100 millones a los 2.000 millones que piden los Escribano. Un incremento de este calibre exigiría explicaciones detalladas, auditorías independientes y un escrutinio feroz.
En cambio, lo que está ocurriendo es lo contrario: silencio institucional y discreción interesada.
El factor político: si cae el Gobierno, cae la fusión
Si Pedro Sánchez, debilitado por la falta de apoyos y el encadenamiento de escándalos, se ve obligado a adelantar elecciones, la fusión quedaría automáticamente bloqueada.
El PP ya ha solicitado explicaciones en el Senado y exige que se aclaren los términos de una operación que “presenta un conflicto de interés inaceptable”.
Cinco consejeros expulsados del camino: el consejo ya no es un contrapeso
En lo que va de año, cinco consejeros —independientes y ejecutivos— han salido del consejo de Indra tras mostrar oposición frontal a la operación. Su sustitución por perfiles más afines ha allanado el terreno para los intereses de los Escribano.
Mientras tanto, Indra contrata a Morgan Stanley y Goldman Sachs para valorar la fusión, y a Clifford Chance y Latham & Watkins para diseñarla jurídicamente.
Todo preparado… salvo la parte que más incómoda resulta:
justificar por qué una empresa estatal estaría comprando al presidente su propio negocio.
Conclusión: una operación que sería escándalo nacional en cualquier otro país
La potencial fusión Indra–Escribano es un test decisivo para medir la salud institucional de España.
Porque si una empresa participada por el Estado termina comprando por hasta 2.000 millones la compañía privada de su presidente, sin evaluación económica previa, sin transparencia y sin una sola voz pública que lo cuestione…
¿Qué más hace falta para hablar de captura corporativa?
La respuesta marcará no solo el futuro de Indra, sino también el estándar ético —o su ausencia— del sector público empresarial en España.
Puedes leer los artículos originales en ABC y El Confidencial.
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