Más de una quincena de mandos ha abandonado la filial de General Dynamics para incorporarse a la tecnológica, en un movimiento que intensifica la tensión industria
La fuga de directivos de Santa Bárbara Sistemas hacia Indra sigue creciendo en un momento especialmente delicado para el sector de la Defensa. Más de quince responsables de la filial española de General Dynamics han abandonado la compañía en los últimos meses para incorporarse a la empresa presidida por Ángel Escribano, y otra veintena estaría ya en distintas fases de negociación. La dimensión del trasvase no tiene precedentes recientes y refleja la agresiva estrategia de Indra para reforzar su posición, aun a costa de tensionar sus relaciones con competidores y socios.
Entre las incorporaciones más recientes figura Ángel García, hasta ahora Product Manager en la planta de Alcalá de Guadaira, que se convierte en director de Ingeniería de Indra Land Vehicles, la nueva filial con la que la tecnológica pretende irrumpir en solitario en la fabricación de blindados. También destaca el fichaje de David Riol, ingeniero con quince años de experiencia en Santa Bárbara y responsable del programa 8×8, que desde septiembre ocupa un puesto de dirección en la división de Indra en Asturias.
Antes que ellos ya habían dado el salto perfiles estratégicos como Modesto Martínez (Desarrollo de Negocio), Ángel de Álvaro (área jurídica), Rafael Moreno (Comunicación) y Alberto Posada, histórico directivo de la casa estadounidense, que asesorará la transformación de la planta de El Tallerón para la producción de blindados y carros de combate. En el sector coinciden en que la guerra por el talento ha alcanzado un nivel nunca visto: “Fuera de España era habitual, pero dentro, esto no había pasado jamás”, resume un ingeniero recién fichado por Indra.
Los primeros movimientos se remontan a la primavera, coincidiendo con la pugna entre ambas compañías por el control de la planta de Trubia (Asturias), un episodio que evidenció la escalada de tensión. A ello se suma la apuesta de Indra por fabricar los blindados 8×8 en su propia planta de El Tallerón —adquirida por 3,6 millones y objeto de una inversión adicional superior a 40 millones—, lo que supone romper con la tradición de que estos vehículos salgan exclusivamente de las líneas de Santa Bárbara. El consejero delegado de la tecnológica, José Vicente de los Mozos, confirmó que las primeras unidades saldrán antes de final de año, junto a la entrega de 57 vehículos comprometidos con Defensa, tras más de año y medio de retrasos.
Tess Defence
Precisamente los 8×8 fueron el principal foco de fricción entre Indra, Santa Bárbara y los socios del consorcio Tess Defence, que llegaron a intercambiar acusaciones públicas sobre los fallos técnicos y las demoras del programa. La disputa se agravó con la sanción de 9,2 millones impuesta por el Gobierno, que Santa Bárbara había planteado recurrir y que el resto de empresas descartó para evitar un choque con el Ejecutivo.
El deterioro de la relación quedó patente cuando Indra decidió concurrir en solitario a nuevas licitaciones de blindados, una apuesta alineada con su estrategia “Leading the future” hasta 2030. La tensión se disparó de nuevo hace menos de un mes, después de que la tecnológica se asegurara casi el 90% de la financiación del Gobierno destinada a los Programas Especiales de Modernización (PEM), un reparto que dejó a Santa Bárbara prácticamente fuera de juego.
La compañía que preside Antonio Bueno llegó a cuestionar públicamente tanto los criterios técnicos como la decisión del Ministerio de Industria y Turismo de conceder directamente estos fondos a Indra y a la alianza formada con Escribano. Santa Bárbara defendía que sus propuestas para el obús autopropulsado y los vehículos lanza-puentes eran mejor valoradas técnicamente.
Tras varias semanas de máxima tensión interna y malestar creciente en el sector, Santa Bárbara ha optado finalmente por rebajar el tono y descartar acciones legales contra el Gobierno. Sin embargo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa el creciente poder de Indra en el ecosistema de defensa español y las dudas sobre hasta qué punto su estrategia expansiva —y su relación privilegiada con parte del accionariado y con la administración— está distorsionando la competencia dentro de una industria clave para el país.
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