Moncloa enfría la fusión sin atreverse a desautorizarla
La posible integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering vuelve a quedar atrapada en un mar de recelos políticos, dudas financieras y advertencias internas que nadie quiere verbalizar en público. Detrás del discurso oficial sobre la “coherencia estratégica”, crece la preocupación por una operación que amenaza con convertirse en uno de los mayores conflictos de interés del sector público-empresarial español.
Según ha publicado El Confidencial, Moncloa ha trasladado instrucciones directas a los consejeros de la SEPI para que extremen la prudencia ante la fusión, especialmente en lo relativo a la valoración de la empresa familiar de los hermanos Escribano, que podría situarse en una horquilla de entre 1.000 y 2.000 millones de euros.
La SEPI, entre la obediencia política y el miedo a futuras responsabilidades
Los tres consejeros de la SEPI en el consejo de Indra han sido advertidos de la necesidad de actuar con cautela. El motivo no es menor: la consolidación de unos ingresos considerados coyunturales, impulsados por el actual auge del gasto militar, podría inflar artificialmente el valor de EM&E y trasladar un riesgo injustificable a una empresa participada mayoritariamente por el Estado.
En otras palabras, el temor es que Indra acabe pagando precio de ciclo largo por ingresos de corto recorrido, vinculados al contexto excepcional del rearme europeo y a contratos públicos concentrados en un periodo muy concreto. Una operación así no solo tensionaría las cuentas de la compañía, sino que podría derivar en responsabilidades legales para los consejeros que la avalen.
Oposición interna y un conflicto de interés cada vez más evidente
A las dudas de la SEPI se suma la oposición frontal de Sapa Placencia, accionista con un 8% del capital, y de varios consejeros independientes, que llevan meses alertando de los riesgos de una operación en la que el presidente de Indra sería, a la vez, beneficiario directo de la venta.
La situación resulta difícil de maquillar: Ángel Escribano preside Indra mientras negocia la venta de su propia empresa al grupo que dirige, con el respaldo implícito de un Gobierno que ha convertido a la tecnológica en uno de los pilares de su política industrial y de defensa. Todo ello bajo la supervisión de la SEPI, que ahora intenta marcar distancias para evitar quedar atrapada en una decisión políticamente dirigida y financieramente cuestionable.
Moncloa enfría la operación… sin desautorizarla
Lejos de un veto explícito, el mensaje del Ejecutivo ha sido otro: enfriar la fusión sin enterrarla, ganar tiempo y evitar que la operación se cierre en el punto más alto del ciclo. Una estrategia que busca reducir el ruido político y financiero, pero que no despeja el problema de fondo: la dependencia de Indra de decisiones gubernamentales y la utilización de la empresa como instrumento de política industrial al margen de criterios estrictamente empresariales.
Mientras tanto, la fusión se retrasa, los informes se revisan y los asesores afinan números. Pero el fondo del asunto permanece intacto: el Estado duda de una operación impulsada desde el propio Estado, y lo hace porque ni los ingresos, ni la valoración, ni la gobernanza ofrecen garantías suficientes.
Un síntoma más de un modelo agotado
Lo ocurrido con la fusión Indra–Escribano no es un episodio aislado, sino otro síntoma del deterioro del modelo de empresa semipública, donde las fronteras entre interés general, estrategia política y beneficio privado se difuminan peligrosamente.
La pregunta ya no es si la operación es “coherente con la estrategia”, sino quién asumirá el coste si esa coherencia resulta ser un espejismo. De momento, Moncloa pide prudencia. Pero el silencio, en este caso, no despeja las dudas: las agrava.
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