Una compra clave cerrada sin debate político ni control parlamentario
La compra del 89,68% de Hispasat por 725 millones de euros por parte de Indra, autorizada esta semana por el Consejo de Ministros, vuelve a poner en cuestión el modelo de crecimiento de la multinacional tecnológica y de defensa: expansión acelerada, fuerte dependencia del dinero público y decisiones estratégicas respaldadas por el propio Estado, que además es su principal accionista.
La operación, adelantada por Europa Press, incluye también el control de Hisdesat, la división de satélites militares de Hispasat, y ha contado con todos los parabienes institucionales: el visto bueno de la CNMC, el respaldo de los accionistas y, finalmente, la autorización del Ejecutivo. Un trámite que muchos interpretan como casi automático, teniendo en cuenta que la SEPI controla el 28% del capital de Indra.
Una operación “entre partes amigas”
El aval del Consejo de Ministros no es un detalle menor. El Estado no solo autoriza la compra, sino que participa activamente en ambos lados de la operación: como regulador, como financiador y como accionista de referencia. Una situación que alimenta las críticas sobre la falta de distancia entre el Gobierno y las decisiones estratégicas de Indra.
El objetivo declarado es reforzar el negocio espacial y de defensa, pero la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿por qué pagar 725 millones por un activo que ya orbitaba en el perímetro público y cuya rentabilidad futura depende casi en exclusiva de fondos estatales y europeos?
Hisdesat y el préstamo público al 0%
La operación resulta todavía más controvertida si se observa el contexto financiero. El Gobierno concedió recientemente a Hisdesat un préstamo de 1.011 millones de euros al 0% de interés para prefinanciar el programa militar PAZ 2, destinado al despliegue de dos nuevos satélites de observación terrestre.
Es decir, Indra compra una compañía cuya principal palanca de crecimiento es un préstamo público sin coste financiero, lo que plantea dudas evidentes sobre si el riesgo real lo asume la empresa… o el contribuyente.
IRIS2: negocio europeo, riesgo público
Otro de los grandes activos de Hispasat es su participación en IRIS2, el ambicioso proyecto de conectividad segura de la Unión Europea que prevé desplegar 290 satélites antes de 2030 y que contará con 6.500 millones de euros de financiación pública.
Hispasat, a través del consorcio SpaceRISE, será responsable del segmento terreno del sistema, una pieza crítica del proyecto. De nuevo, el patrón se repite: grandes oportunidades de negocio sostenidas casi íntegramente por fondos públicos europeos y nacionales, mientras Indra se posiciona como beneficiario industrial privilegiado.
Reorientación a la defensa… con dinero del Estado
Indra justifica la compra como parte de su reorientación estratégica hacia la defensa y el espacio. Sin embargo, esa transformación se apoya de forma abrumadora en contratos públicos, préstamos estatales, rescates encubiertos y proyectos financiados por la UE.
En la práctica, la operación refuerza la percepción de que Indra crece no tanto por su fortaleza competitiva como por su cercanía al poder político, en un contexto en el que la empresa acumula retrasos en programas clave, tensiones internas y dudas sobre su gobernanza.
La gran pregunta que sigue en el aire
La compra de Hispasat deja una cuestión incómoda sobre la mesa:
¿estamos ante una apuesta estratégica de país o ante una operación diseñada para concentrar activos públicos bajo una empresa semipública, socializando el riesgo y privatizando la gestión?
Mientras el Gobierno autoriza, financia y avala, Indra consolida su posición en sectores críticos sin asumir plenamente el riesgo financiero. Una fórmula que puede ser legal, pero que plantea serias dudas sobre transparencia, competencia real y el uso responsable del dinero público.
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