Crece el poder de Indra bajo el paraguas público
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado sin condiciones la compra del 89,68% de Hispasat por parte de Indra a Redeia por 725 millones de euros. El regulador ha resuelto el expediente en menos de un mes, en una rapidez poco habitual para una operación de esta envergadura.
La decisión se produce en la primera fase del proceso y sin exigencia de compromisos adicionales, lo que evidencia —según fuentes del sector— la facilidad con la que Indra logra el visto bueno de los organismos públicos.
Un camino allanado por el propio Estado
El próximo paso será una junta extraordinaria prevista para el 28 de noviembre, en la que los accionistas ratificarán la operación. A partir de ahí, solo faltará el visto bueno del Consejo de Ministros, trámite que nadie espera que se complique: el Estado controla un 28% de Indra a través de la SEPI, lo que convierte al Gobierno en juez y parte de la transacción.
Para muchos analistas, este apoyo público a una empresa semiestatal refuerza la sensación de que Indra juega con ventaja en el tablero empresarial español, especialmente en el ámbito tecnológico y de defensa.
Indra se queda también con la joya militar: Hisdesat
La operación no solo supone el control de Hispasat, sino también de Hisdesat, su rama militar, que gestiona comunicaciones estratégicas y contratos de defensa. Con esta adquisición, Indra consolida su posición como actor clave en la infraestructura espacial y militar del país, un área que debería contar con un mayor escrutinio público y regulatorio.
Un consejo a medida para futuras fusiones
En la misma junta, Indra someterá a votación una renovación parcial de su consejo de administración, con el objetivo de adaptarlo a los nuevos planes estratégicos y facilitar la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), otra operación de alto impacto en el sector defensa.
Con la CNMC allanando el terreno y el Gobierno como accionista principal, Indra avanza sin resistencia en su expansión, despertando preguntas sobre la independencia regulatoria y la transparencia en las operaciones de una compañía que, aunque cotiza en bolsa, funciona cada vez más como un brazo empresarial del Estado.
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