La SEPI y los independientes exigen rigor ante el conflicto de interés
El presidente de Indra, Ángel Escribano, vuelve a mover ficha para intentar sacar adelante la integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa propiedad de su familia. Pese al rechazo mayoritario del consejo el pasado 26 de noviembre, Escribano ha convocado ahora una reunión extraordinaria con la intención de imponer un nuevo informe —esta vez elaborado por Oliver Wyman— que respalde la operación. Una fusión que, si se aprueba, podría generar más de 2.000 millones de euros para los propios hermanos Escribano.
La jugada llega apenas días después de que el consejo, incluidos los tres representantes de la SEPI, primer accionista con un 28%, acordara no votar la operación hasta disponer de las cuentas auditadas de 2025. Es decir, retrasarla como mínimo hasta el segundo trimestre del próximo año. Una señal inequívoca de que la mayoría del órgano de gobierno no está dispuesta a dar carta blanca a una operación con un conflicto de interés sin precedentes en una empresa participada por el Estado.
Una operación que multiplica por veinte el valor de la empresa familiar
La presión del presidente se intensifica en un momento en el que la valoración de EM&E ha pasado de 100 millones en 2021 a los 2.000 millones que ahora exigen los hermanos Escribano. La guerra en Ucrania ha disparado el gasto público en defensa, lo que —casualmente— ha elevado de forma espectacular el valor de la compañía familiar.
Para justificar esta cifra, la comisión interna que analiza el conflicto de interés encargó un informe a Oliver Wyman, que ha producido un documento de más de 150 páginas defendiendo la compra. No es la primera consultora contratada: antes fue Renaissance Strategic Advisors, cuyo estudio generó fuertes críticas dentro del propio consejo por su parcialidad.
Contratos públicos y urgencias “fabricadas”
Uno de los argumentos principales de Escribano es que Indra necesita integrar EM&E de forma urgente para atender la demanda de blindados, armamento y sistemas militares. Una urgencia difícil de separar de la lluvia de fondos públicos que el Gobierno ha puesto sobre la mesa:
- 6.000 millones de euros al 0% de interés para reforzar la industria española de defensa.
- 3.152 millones aprobados esta semana para una UTE formada por Indra y EM&E destinada al suministro de 214 obuses al Ejército de Tierra y la Infantería de Marina.
El problema es que la operación plantea una pregunta incómoda:
¿Se está justificando la compra de EM&E porque es realmente esencial para Indra… o porque ahora, gracias al dinero público, vale veinte veces más y el momento es inmejorable para sus dueños?
El consejo planta cara y exige rigor
Pese a las maniobras del presidente, la mayoría del consejo —ya no solo los independientes más críticos— ha decidido esperar a que Indra y EM&E presenten sus cuentas auditadas de 2025 para hacer una nueva valoración independiente y una due diligence completa. Un proceso que llevaría al menos 45 días y que situaría la decisión definitiva hacia finales del primer trimestre de 2026.
Este retraso descarrila el plan personal de Escribano, que quería anunciar la integración antes de fin de año para estrenar en 2026 un nuevo plan estratégico que colocara a EM&E como pieza central en vehículos militares, munición, satélites y drones.
Un futuro atado a la política
La decisión final dependerá también del escenario político. Si se convocan elecciones, la SEPI —como organismo público— no podrá aprobar ninguna operación de esta magnitud hasta ver si el Gobierno cambia de manos. La fusión, por tanto, no solo está condicionada por las cuentas de EM&E, sino también por la debilidad de la legislatura.
Mientras tanto, el presidente de Indra sigue intentando adelantar los plazos y convencer al consejo de que acelere una operación en la que él y su hermano actúan simultáneamente como vendedores, consejeros y beneficiarios directos.
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