El escándalo Koldo deja en evidencia las puertas giratorias del poder: chats, favores y presiones que apuntan a Indra
La empresa Indra —con cerca del 28 % de su capital en manos del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)— ha sido mencionada reiteradas veces en el extenso informe de 490 páginas de la UCO, presentado en el marco del Caso Koldo, la investigación sobre comisiones, adjudicaciones públicas y movimientos internos del PSOE.
Entre los diálogos interceptados, destaca una conversación de noviembre de 2018 entre Santos Cerdán —entonces secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE— y Koldo García, asesor vinculado al exministro José Luis Ábalos, en la que Cerdán expresa su deseo de obtener un cargo en Indra para “sostener sus gastos familiares en Madrid”.
Según el informe, Cerdán manifestó también sentirse ignorado por Ábalos, acusando al partido de “poner poco interés” en su petición. Poco después, asegura haber sido llamado “por el presidente” para aclarar que “no puedo estar en Indra, que es una empresa cotizada y bla, bla, bla”.
Aunque Indra sostiene que como empresa cotizada está sujeta a normas de transparencia y a un consejo independiente, las múltiples menciones en el informe sugieren lo contrario: un escenario en el que la empresa aparece como posible pieza clave de intercambio político. Analistas consultados subrayan que permitir que cargos del partido intenten acceder a puestos en empresas estratégicas participadas por el Estado supone una flagrante vulneración de los principios de buena gobernanza.
Por si esto fuera poco, la investigación del Caso Koldo ya ha resultado en la imputación de altos cargos, la prórroga de la causa en la Audiencia Nacional y la promesa de nuevas revelaciones conforme se analizan decenas de dispositivos electrónicos incautados.
La vinculación de Indra a este entorno deja al descubierto un problema estructural: la empresa pública o participada que, lejos de actuar como garante de lo común, se convierte en escenario de clientelismo. En un momento en que España aspira a reforzar su industria de defensa y su soberanía tecnológica, los huecos oscuros que revelan este tipo de investigaciones generan un coste político y ético que va más allá del mero negocio.
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