Defensa y el PNV, actores clave en la creciente guerra por el control de Indra
La operación más delicada en la historia reciente de Indra vuelve a encallar. La guipuzcoana Sapa Placencia, accionista relevante con un 7,94% del capital, ha redoblado en los últimos meses sus esfuerzos —dentro y fuera del consejo— para frenar o incluso paralizar la fusión entre la tecnológica y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar del presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano Javier. El proceso está oficialmente aplazado hasta 2026, a la espera de completar nuevas valoraciones con las cuentas cerradas de 2025.
Un retraso que acelera la batalla política y bursátil
El anuncio del aplazamiento cayó como un jarro de agua fría en el mercado. Indra se convirtió este lunes en el peor valor del Ibex 35, con una caída del 2,91%, en un contexto de creciente escepticismo sobre la viabilidad de la fusión. Para los opositores —incluidas fuentes del Ministerio de Defensa—, el retroceso bursátil alimenta aún más la batalla política y empresarial por el control de la tecnológica.
El enfrentamiento ha llevado a Sapa a desplegar una intensa campaña institucional. La presión culminó el 3 de noviembre, cuando representantes de la compañía visitaron La Moncloa para reunirse con el presidente Pedro Sánchez. Antes ya habían mantenido encuentros con el ministro de Industria, Jordi Hereu, y con la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce. La empresa también ha reforzado sus vínculos con el PNV, clave para la estabilidad del Gobierno, tras un encuentro con el lehendakari Imanol Pradales.
Dos modelos de defensa en choque
Aunque Sapa y EM&E no compiten directamente, la integración de la empresa de los Escribano en Indra amenaza con recortar el peso estratégico de la firma guipuzcoana, especializada en la movilidad y propulsión de blindados. EM&E, por su parte, domina los denominados «sistemas de misión»: optrónica, sensores y estaciones de armas.
Ambas compañías participan en el polémico programa del blindado 8×8 Dragón, cuya dirección asumió Indra en junio tras invertir 107 millones. El proyecto arrastra fuertes retrasos y críticas públicas de la ministra Margarita Robles, que incluso ha amenazado con sanciones.
Un consejo dividido y bajo presión
El retraso oficial de la fusión coincide con la creciente incomodidad dentro del consejo de Indra, donde los Escribano cuentan con dos de los quince vocales. La evidente situación de conflicto de interés llevó a constituir una comisión ad hoc de consejeros independientes, presidida por Belén Amatriaín, para evaluar la operación. Hasta ahora, los independientes se han mostrado poco convencidos de seguir adelante.
De concretarse la fusión, EM&E —propietaria ya del 14,3% de Indra— se convertiría en el primer accionista de la compañía. A favor del movimiento se sitúan el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, y accionistas como Amber Capital, con un 6,23%. Pero la oposición interna y política crece.
El mercado duda y la acción se resiente
Las tensiones han pasado factura en bolsa. Indra acumula en noviembre un descenso del 11,65%, situando sus títulos en 44,66 euros. Pese a ello, el valor mantiene una revalorización del 159% en 2025, impulsado por su giro hacia Defensa y Espacio. La compañía capitaliza hoy 7.840 millones a la espera de las nuevas valoraciones de Indra y EM&E.
Según los analistas de XTB, el freno a la fusión se explica por la exigencia de los consejeros independientes de incorporar auditorías actualizadas y las cuentas completas de 2025, para fijar un precio basado en datos contrastados. También pesa el temor a pagar un precio “desorbitado” por EM&E —valorada en más de 2.000 millones— en un contexto en el que un eventual acuerdo de paz o desescalada en Ucrania podría recortar sensiblemente el valor del negocio de Defensa.
En un proceso marcado por sospechas, presiones y el creciente protagonismo político, la fusión que debía convertir a Indra en un “campeón nacional” está hoy más en duda que nunca.
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