Un conflicto de interés estructural que nadie quiere afrontar
Lo que está ocurriendo en Indra ya no puede describirse como una simple operación corporativa controvertida. La fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) se ha convertido en un caso paradigmático de captura institucional, donde intereses privados, poder político y dinero público se entrelazan sin que nadie asuma responsabilidades ni ponga límites claros.
La operación avanza no porque sea buena para Indra, ni porque mejore su gobernanza, ni porque refuerce la competencia industrial en España, sino porque responde a una lógica de poder: quién controla la empresa, quién decide el reparto de contratos y quién capitaliza el mayor ciclo de gasto militar de la historia reciente.
Un presidente que impulsa la compra de su propia empresa
El núcleo del problema es tan evidente que resulta incómodo nombrarlo: el presidente de Indra impulsa la absorción de su propia empresa familiar. Ángel Escribano preside la multinacional tecnológica mientras su hermano dirige EM&E, la compañía que Indra pretende comprar por una valoración desmesurada, inflada al calor de contratos públicos, préstamos blandos y expectativas futuras aún no materializadas.
Que esta operación se presente como “coherente con la estrategia” no la hace legítima. La convierte, sencillamente, en un conflicto de interés estructural, normalizado por un consejo de administración que ha ido siendo reconfigurado para reducir la disidencia y allanar el camino a una decisión previamente tomada.
Moncloa maniobra, pero no limpia el sistema
Desde Moncloa se filtran dudas, advertencias y supuestas órdenes de prudencia. Pero el problema no es que el Gobierno dude: el problema es que ha creado este monstruo.
Fue el propio Ejecutivo quien:
- forzó cambios en el accionariado,
- expulsó consejeros incómodos en 2022,
- convirtió a Indra en receptor preferente de contratos sin competencia real,
- y permitió que un proveedor industrial pasara a ser segundo accionista y presidente de una empresa estratégica del Estado.
Ahora, cuando la operación amenaza con escapar a su control, Moncloa intenta frenar… sin desmontar el entramado. No hay investigación independiente. No hay pronunciamiento claro de los reguladores. No hay rendición de cuentas.
La SEPI: de garante público a actor superado
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, primer accionista con el 28%, aparece atrapada entre dos fuegos: respaldar una fusión que diluye el control del Estado o enfrentarse a un bloque privado cada vez más cohesionado.
El riesgo es evidente. Si la valoración de EM&E se fija en torno a los 2.000 millones de euros, como defienden los Escribano, el canje de acciones puede dejar al Estado en minoría efectiva, especialmente si entra en juego el apoyo de fondos como Amber Capital. Es decir: una empresa estratégica controlada con dinero público podría quedar en manos privadas gracias al propio dinero público.
Eso no es política industrial. Es ingeniería accionarial al servicio de intereses concretos.
Una valoración inflada con contratos del propio Gobierno
La pregunta clave sigue sin respuesta:
¿Cuánto vale realmente EM&E sin contratos públicos extraordinarios, sin préstamos al 0% y sin el paraguas político actual?
El Gobierno exige esperar a las cuentas auditadas de 2025, pero el daño ya está hecho. La valoración que se discute consolida ingresos coyunturales como si fueran estructurales, trasladando al futuro riesgos que asumirán los accionistas… y, llegado el caso, el contribuyente.
Indra no estaría comprando tecnología disruptiva ni una posición dominante en Europa. Estaría comprando volumen artificial, generado por decisiones políticas que pueden cambiar con un ciclo electoral o una crisis presupuestaria.
Un consejo diseñado para no decir “no”
Mientras tanto, el consejo de administración se recompone. Se renuevan mandatos. Se desplazan perfiles críticos. Se busca un equilibrio que no incomode al presidente justo cuando debe evaluarse su gestión y decidirse la mayor operación corporativa de la historia reciente de la compañía.
No es casualidad. Antes de cerrar la fusión, se asegura el consejo. Y antes de asegurar el consejo, se neutraliza el debate.
Indra, rehén de una fusión tóxica
Indra debería estar discutiendo cómo ejecutar contratos, mejorar plazos, reducir sobrecostes y competir en Europa. En lugar de eso, está atrapada en una operación que divide al sector, enfrenta a socios industriales, alarma a Bruselas y degrada la credibilidad institucional de una empresa clave para la defensa nacional.
Lo que se está fraguando no es un “campeón europeo”. Es un precedente peligroso:
una empresa pública-dependiente utilizada para resolver intereses privados, con la complicidad silenciosa de un sistema que prefiere mirar hacia otro lado.
Y lo más grave no es que ocurra.
Lo más grave es que nadie esté dispuesto a pararlo.
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