El aumento del presupuesto sigue sin llegar tres años después
Indra se ha convertido desde el pasado verano en el accionista principal de TESS Defence, el consorcio encargado del vehículo blindado 8×8 Dragón, el mayor programa terrestre del Ejército de Tierra. Pero su llegada a la cima del accionariado no ha frenado los problemas: el proyecto acumula retrasos, sobrecostes, presiones del Ministerio de Defensa y una gestión contable que levanta más preguntas que certezas.
Robles vuelve a reprender a Indra por los retrasos
El 7 de octubre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, trasladó personalmente al presidente de Indra, Ángel Escribano, su “preocupación” por los nuevos incumplimientos en las entregas del 8×8. El propio Ministerio difundió el encuentro en un comunicado inusualmente explícito: “se reservan las acciones oportunas”.
No es la primera advertencia. A comienzos de 2024, Defensa ya impuso una sanción de 9,2 millones de euros por los retrasos acumulados, según consta en las cuentas de General Dynamics.
Indra no provisiona ni un euro pese a las penalizaciones
Pese al historial de incumplimientos, las cuentas de TESS Defence —formuladas ya con Indra como accionista de control— muestran una confianza que sorprende incluso a parte del sector. Durante 2023 y 2024, los administradores de la sociedad no registraron ningún pasivo contingente, alegando un supuesto avance en las negociaciones con Defensa.
El contraste es evidente: mientras el Ministerio impone sanciones y advierte de nuevas medidas, el consorcio considera que no debe provisionar ningún riesgo. Una postura difícil de justificar en un contrato de más de 2.100 millones de euros.
Un presupuesto ampliado un 20%… pero que aún no existe
La situación se complica ante un dato llamativo: el Gobierno aprobó hace tres años un aumento del presupuesto del 20% —unos 420 millones adicionales— para completar la producción del 8×8. Pero ese dinero todavía no se ha materializado.
TESS Defence reconoce en sus cuentas que la ampliación de techo de gasto se espera para 2025, lo que sitúa al programa en una especie de limbo financiero mientras se le exigen entregas que ya vienen con retraso.
Indra manda, pero es quien menos carga de trabajo ejecuta
Pese a controlar la empresa, Indra apenas ejecutó en 2024 el 10% de la carga de trabajo del programa. Santa Bárbara Sistemas asumió el 46%, seguida de EM&E y SAPA, muy por encima del grupo que ahora dirige el consorcio.
La brecha entre control accionarial y aporte real al proyecto alimenta las dudas sobre la eficiencia del nuevo liderazgo y la capacidad de Indra para enderezar un programa que nunca ha dejado de desviarse.
Más gastos, menos beneficio y auditorías pendientes
Los gastos del programa se dispararon un 66% en un año, hasta los 341 millones, pero ni el Ministerio de Defensa ni los organismos de control han revisado todavía estas cifras. A julio de 2025, las cuentas seguían sin auditar, y la sociedad mantiene abierta una inspección del Ministerio de Hacienda desde 2020.
Pese al mayor volumen de actividad, la cifra de negocio neta apenas llegó a 4,37 millones, mientras que el beneficio cayó un 30%, hasta los 425.080 euros. Un rendimiento pobre para el programa estrella de las fuerzas terrestres españolas.
Una Indra más expuesta y con más presión
Indra intenta impulsar su nueva división de vehículos militares con la compra de El Tallerón, en Gijón, donde planea montar futuros 8×8. Pero el contexto no acompaña: retrasos, sanciones, falta de provisiones, sobrecostes sin financiar y auditorías en pausa.
La compañía de Ángel Escribano no solo hereda el mayor programa militar de España: también se hace responsable de todos sus desafíos. Y, de momento, los números y las advertencias de Defensa muestran que la situación está lejos de controlarse.
Deja una respuesta