Reuniones diplomáticas discretas y cooperación en defensa
La tecnológica española Indra reanudó en 2023 sus relaciones comerciales con Libia en el ámbito de la defensa, en un contexto especialmente sensible: el país africano continúa sometido a un embargo internacional de armas impuesto por Naciones Unidas desde 2011. Así lo revela La Razón, que ha tenido acceso al contrato firmado entre la compañía española y el Ministerio de Defensa del Gobierno de Trípoli.
El acuerdo fue suscrito con el Ejecutivo que encabeza Abdul Hamid Dbeibé, reconocido internacionalmente, y lleva la firma del general Muhammad Al-Naqasa, responsable de adquisiciones militares. El objeto del contrato: la venta de sistemas avanzados de defensa aérea, incluidos radares militares y un centro de mando y control.
Un contrato “actualizado” bajo embargo vigente
Según la documentación consultada por La Razón, el contrato de 2023 no parte de cero. Se trata de una actualización de un acuerdo previo alcanzado en diciembre de 2013, cuando Indra se comprometió a suministrar tres radares móviles de medio alcance desde España. Sin embargo, ese acuerdo quedó paralizado tras la división institucional del país y el refuerzo del embargo internacional decretado por Naciones Unidas.
La revisión del contrato eliminó anexos anteriores y los sustituyó por el suministro de dos radares 3D y un sistema ACCS de mando y control aéreo, con tecnologías propias de Indra destinadas a la defensa aérea y a la gestión de comunicaciones militares. Todo ello, mientras el embargo seguía formalmente en vigor y fue prorrogado de nuevo por la ONU a finales de 2025.
Silencio de la compañía y gestiones discretas
Este periódico ha preguntado a Indra por las circunstancias del acuerdo, cerrado durante la presidencia de Marc Murtra, sin recibir respuesta. Tampoco se ha aclarado si la operación contó con autorizaciones específicas o excepciones al embargo, un aspecto clave dada la naturaleza estrictamente militar de los sistemas contratados.
Fuentes próximas al Gobierno libio aseguran que, en una primera fase, la empresa estuvo representada por un intermediario con doble nacionalidad libia y estadounidense, posteriormente sustituido. La firma final por parte de Indra corresponde a Domingo Castro Fernández, según consta en el contrato.
Reuniones diplomáticas y cooperación militar
El acuerdo adquiere mayor relevancia a la luz de una reunión celebrada en junio de 2023 entre el embajador de España en Libia y responsables de las Fuerzas Aéreas libias, en la que participó un representante de Indra. El encuentro, que no fue difundido oficialmente en España, sí fue recogido por la prensa local libia como una cita para explorar vías de cooperación en defensa aérea.
Un interés histórico en la defensa libia
El interés de Indra por el sistema de defensa aérea de Libia no es nuevo. Ya en la década de 2000, la compañía negoció con el régimen de Muamar el Gadafi la venta de radares, centros de mando y sistemas de guerra electrónica, en una operación que no llegó a culminar. Entonces, el contrato previsto rondaba los 200 millones de euros.
En esta ocasión, la empresa no ha revelado el importe del acuerdo actualizado, aunque expertos del sector apuntan a una cifra superior, dado el alcance tecnológico de los sistemas incluidos.
Dudas incómodas
La revelación de La Razón vuelve a situar a Indra en el centro de la polémica por su actividad internacional en defensa y por la falta de transparencia en operaciones realizadas en países sometidos a sanciones. La pregunta sigue abierta: ¿cómo se compatibiliza este contrato con un embargo militar internacional aún vigente y con el control que exige el derecho internacional?
Un silencio que, de momento, ni la compañía ni las autoridades implicadas han querido romper.
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