El silencio mediático que rodea la maniobra
Indra se enfrenta al mayor escándalo de gobernanza de su historia mientras los hermanos Ángel y Javier Escribano, que controlan un 15,5% del capital y ocupan los puestos clave de presidente y consejero, intentan sacar adelante una fusión que el propio Código de Buen Gobierno de la compañía desaconseja de forma explícita. La multinacional tecnológica, que exige a sus directivos evitar cualquier mezcla entre intereses corporativos y los de proveedores, se dispone a hacer exactamente lo contrario: comprar EME, una empresa 100% propiedad de los mismos directivos que lideran la operación.
La maniobra es tan evidente que en ámbitos empresariales ya la califican como un conflicto de interés absoluto. El comprador y el vendedor son la misma parte, y la empresa adquirida —al no cotizar en bolsa— puede valorarse prácticamente al antojo de sus dueños. Todo ello con un silencio mediático que contrasta con la gravedad de la operación y con la inquietud política que ha generado.
Robles desconfía de los Escribano y no descarta una nacionalización
La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene su desconfianza hacia los Escribano, especialmente tras los retrasos en la entrega de material militar a las Fuerzas Armadas. La operación EME–Indra se produce precisamente en un momento en el que el Gobierno evalúa la capacidad real de la empresa para cumplir con los programas estratégicos y no descarta medidas drásticas, incluida una eventual nacionalización si la situación se agrava.
Los hermanos quieren cerrar la integración cuanto antes: cuanto más sube Indra en bolsa, más tendrán que inflar la valoración de EME. La jugada ha tensado las relaciones con otros socios relevantes. El ejemplo más claro es SAPA, cuyos propietarios, los Aperribay, rechazaron sumarse a la operación y han advertido que, si Indra absorbe EME, ellos competirán directamente con la compañía en el sector defensa.
Indra quiere liderar un sector para el que no tiene capacidad industrial
El debate interno ha destapado otra cuestión de fondo: la capacidad industrial —todavía insuficiente— de Indra para liderar los grandes contratos militares. Indra es una ingeniería tecnológica, experta en radares y sistemas electrónicos, pero no fabrica blindados ni fragatas. Y eso la enfrenta a gigantes como General Dynamics o Rheinmetall, que no están dispuestos a quedar subordinados a una empresa sin músculo industrial probado.
Mientras el mercado español vive una reactivación sin precedentes del gasto en defensa, Indra parece más preocupada por resolver batallas internas, repartirse poder y absorber compañías vinculadas a sus propios directivos que en construir una industria militar sólida, profesionalizada y transparente. La “operación EME” no solo cuestiona la ética corporativa de la compañía, sino que pone en duda su capacidad para convertirse en el verdadero motor tecnológico y estratégico que España necesita.
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