Más de un millón de euros en sanciones aprobadas por el consejo de EMT
El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) ha aprobado la imposición de penalizaciones a Indra por no haber desarrollado en plazo una plataforma digital de movilidad, un proyecto estratégico sufragado con fondos europeos. La decisión, adelantada por Valenciaplaza, vuelve a poner en cuestión la capacidad de la compañía tecnológica para cumplir los compromisos adquiridos en contratos públicos de alto impacto.
El contrato entre EMT València e Indra se firmó en enero de 2023 y contemplaba la creación de una plataforma multimodal y multiciudad que debía permitir a los usuarios acceder, desde una única aplicación o portal, a distintos servicios de movilidad urbana: transporte público, metro, aparcamientos, motosharing, carsharing, bicicletas públicas o transporte a demanda. El proyecto formaba parte de una iniciativa conjunta impulsada por varios municipios españoles para avanzar en la digitalización de la movilidad.
Un contrato financiado con fondos europeos que no llegó a buen puerto
Según ha explicado el Ayuntamiento, el encargo estaba sujeto a los plazos marcados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que fijó el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para su ejecución. Sin embargo, Indra no ha sido capaz de completar el desarrollo tecnológico comprometido, lo que ha obligado a la EMT a activar el mecanismo de penalización previsto en el contrato.
El incumplimiento no es menor: además de frustrar un proyecto llamado a convertirse en referencia estatal, pone en riesgo la correcta ejecución de fondos europeos, al no haberse alcanzado los hitos técnicos exigidos.
Un sistema de pagos que dejó el proyecto totalmente abonado
El presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha señalado que uno de los aspectos más problemáticos del contrato fue el modelo de pagos pactado con Indra. El acuerdo establecía abonos mensuales prorrateados de idéntica cuantía durante toda la vigencia del contrato, lo que ha provocado que el proyecto esté íntegramente pagado pese a no haberse ejecutado correctamente.
Esta circunstancia, subrayan desde el consistorio, deja a la EMT sin capacidad de retención económica y obliga ahora a acudir a los tribunales para intentar recuperar el dinero desembolsado, procedente en su mayor parte de ayudas comunitarias.
Penalización millonaria, pero impacto económico mucho mayor
Desde la oposición municipal, el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha precisado que el consejo de administración ha declarado formalmente el incumplimiento de Indra y ha aprobado una penalización de 1.010.262,03 euros, IVA no incluido.
No obstante, Grezzi advierte de que la sanción es insuficiente frente al alcance real del problema. Según ha explicado, el fracaso del proyecto puede obligar a València a devolver hasta 12 millones de euros a la Unión Europea, además de afrontar posibles penalizaciones adicionales por incumplir las condiciones de la convocatoria, lo que elevaría el coste total hasta unos 24 millones de euros.
Un nuevo episodio que cuestiona la gestión de Indra
El proyecto “Ciudades Conectadas”, impulsado inicialmente en 2021 junto a otras ciudades como Gijón, Vitoria, Fuenlabrada, Logroño o Valladolid, aspiraba a convertirse en la primera plataforma estatal de referencia en movilidad urbana. Sin embargo, las prórrogas concedidas, el doble incumplimiento y la falta de resultados han terminado por desacreditar el proyecto y comprometer su financiación.
Más allá del debate político local, el caso expuesto por Valenciaplaza se suma a otros episodios recientes que ponen en duda la capacidad de Indra para ejecutar en plazo proyectos públicos complejos, incluso cuando cuentan con financiación europea y un fuerte respaldo institucional. Un precedente preocupante que vuelve a situar bajo el foco la gestión de la compañía en contratos estratégicos sufragados con dinero público.
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