Casi 3.000 millones de euros públicos bajo revisión judicial
Nuevo revés judicial para Indra y Escribano en plena avalancha de dinero público. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo que cuestiona de raíz uno de los pilares financieros de la actual política industrial de Defensa: los préstamos estatales sin intereses concedidos por el Gobierno para prefinanciar programas militares.
El recurso solicita la suspensión cautelar de créditos por casi 3.000 millones de euros, concedidos a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano para desarrollar dos grandes programas de artillería incluidos en la estrategia de modernización del Ejército. Se trata de financiación pública anticipada, sin coste financiero y con un riesgo asumido íntegramente por el Estado.
Créditos a dedo bajo sospecha judicial
La impugnación ha sido presentada por Santa Bárbara Sistemas, filial de General Dynamics European Land Systems, que reclama el bloqueo inmediato de dos préstamos concretos: 1.181 millones de euros para el programa de artillería sobre ruedas y 1.821 millones para el sistema de cadenas.
Ambos créditos figuran entre los de mayor cuantía otorgados por el Ejecutivo y fueron concedidos sin intereses, sin concurrencia competitiva real y como adelanto directo de fondos públicos, una fórmula que ahora queda bajo examen del alto tribunal.
El mercado mira hacia otro lado
Pese a la admisión del recurso y al riesgo jurídico que planea sobre la operación, la reacción bursátil ha sido reveladora: las acciones de Indra subieron más de un 2,5%, rozando los 50 euros por título. Un movimiento que refuerza la idea de que el mercado descuenta que el respaldo político seguirá blindando a la compañía, al margen de los problemas judiciales o de gobernanza que se acumulen.
Una política de Defensa basada en cheques públicos
El caso no es aislado. En conjunto, el Gobierno ha aprobado 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses para financiar los distintos programas de modernización militar. De ese total, Indra concentra la mayor parte del pastel.
A través de proyectos propios, consorcios, adjudicaciones conjuntas y ahora también mediante Hisdesat, recientemente integrada en su perímetro, Indra puede acceder a 7.944 millones de euros en créditos públicos. Es decir, más de la mitad de toda la financiación estatal destinada a la industria de Defensa.
Por comparación, Airbus recibe 4.030 millones (con un programa compartido con Indra) y Navantia 2.292 millones, centrados en los ámbitos aéreo y naval. Indra, en cambio, lidera proyectos en tierra, mar, espacio y ciberespacio, concentrando financiación, influencia y riesgo sistémico.
Gobierno, dinero público y ausencia de contrapesos
Los dos préstamos ahora cuestionados judicialmente son los mayores concedidos a Indra y ejemplifican un modelo cada vez más criticado: el Estado adelanta miles de millones sin intereses, asume el riesgo financiero y reduce al mínimo los mecanismos de control y competencia, mientras un reducido grupo de empresas acapara contratos estratégicos.
La decisión del Supremo de admitir el recurso no prejuzga el fondo del asunto, pero sí lanza un mensaje claro: la política de cheques en blanco del Gobierno a Indra y Escribano empieza a generar dudas jurídicas de primer nivel.
En un contexto de creciente gasto militar, la pregunta ya no es cuánto dinero público recibe Indra, sino hasta qué punto el Ejecutivo ha cruzado la línea entre impulsar una industria estratégica y construir un monopolio sostenido por el BOE, ahora bajo la mirada incómoda de los tribunales.
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