Un nuevo modelo de gasto militar basado en la opacidad
El compromiso del Gobierno con la OTAN de elevar el gasto en Defensa ha terminado materializándose de forma abrupta, opaca y concentrada en muy pocas empresas, con Indra como principal beneficiaria. En apenas unas semanas del mes de diciembre, el Ejecutivo sacó adelante adjudicaciones por cerca de 20.000 millones de euros, muchas de ellas mediante procedimientos negociados sin publicidad, una fórmula excepcional que limita la concurrencia y permite invitar únicamente a los operadores elegidos por la Administración.
El movimiento llegó cuando el calendario apremiaba. Para cumplir el objetivo anunciado por Pedro Sánchez de alcanzar el 2,1% del PIB en gasto militar en 2025, el Estado necesitaba ejecutar de forma acelerada más de 24.000 millones de euros adicionales antes del cierre del ejercicio. La solución fue una avalancha de concursos exprés, tramitados en diciembre, mientras el Congreso permanecía inactivo por el periodo vacacional.
La mitad del dinero, para Indra
De esos 20.000 millones adjudicados, alrededor de 10.000 millones han ido a parar a Indra, compañía participada por el Estado y presidida por Ángel Escribano. Más llamativo aún: 6.700 millones de euros corresponden a contratos adjudicados a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar propiedad de los hermanos Escribano.
Es decir, el presidente de Indra lidera una compañía que recibe contratos millonarios junto a la empresa de su propiedad, una circunstancia que ha encendido todas las alarmas sobre conflictos de interés, gobernanza corporativa y control del gasto público.
Adjudicaciones exprés y un solo ofertante
Dos de las mayores adjudicaciones ilustran el patrón seguido por el Ministerio de Defensa. En la primera, por 3.763 millones de euros, la UTE Indra–Escribano fue declarada “única empresa técnicamente capacitada”. El procedimiento fue negociado sin publicidad, con un plazo de apenas horas entre el cierre para solicitar los pliegos y la adjudicación definitiva. Solo se presentó una oferta.
Un segundo contrato, por 2.219 millones de euros, siguió exactamente el mismo esquema: sin publicidad, un único ofertante y adjudicación en apenas 48 horas tras el cierre del plazo. En ambos casos, la tramitación corrió a cargo de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM).
La rapidez del proceso y la ausencia total de competencia real refuerzan la percepción de que los contratos estaban decididos de antemano, con procedimientos diseñados para encajar a un adjudicatario concreto.
Un gasto decidido sin control parlamentario
Entre ambos contratos, la UTE Indra–Escribano acumuló casi 6.000 millones de euros, una parte sustancial del total adjudicado en diciembre. Todo ello sin debate previo en el Congreso, sin comparecencias explicativas y sin que los diputados pudieran fiscalizar el grueso del aumento del gasto militar.
El Ejecutivo ejecutó así una parte clave de su política de Defensa por la vía administrativa, mientras el Parlamento permanecía ajeno a unas decisiones que comprometen miles de millones de euros de dinero público a largo plazo.
Indra, el gran beneficiado del nuevo modelo
El resultado es un modelo de gasto acelerado, concentrado y opaco, en el que Indra emerge como el gran ganador del nuevo ciclo inversor en Defensa. La compañía no solo lidera los principales programas, sino que lo hace aliada con la empresa de su propio presidente, en una operación que muchos califican ya como uno de los mayores conflictos de interés de la historia reciente del sector público empresarial.
Mientras el Gobierno presume de cumplir con la OTAN y de reforzar la industria nacional, las formas elegidas para hacerlo dejan un rastro de dudas difícil de ignorar: adjudicaciones sin publicidad, plazos mínimos, ausencia de competencia, concentración extrema del dinero y un Parlamento relegado a espectador.
Más allá de los compromisos internacionales, el debate que queda abierto es otro: si el aumento del gasto en Defensa se está utilizando para construir una industria estratégica… o para blindar a un reducido grupo de empresas y directivos con dinero público y sin controles efectivos.
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