Un contrato de 4.516 millones adjudicado sin licitación reabre la batalla industrial
A contrarreloj y con el objetivo de formalizar antes del 31 de diciembre el mayor contrato militar de la última década, Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) han ultimado el plan industrial del proyecto de artillería autopropulsada de cadenas valorado en 4.516 millones de euros. Pero el documento, lejos de consolidar un consenso en la industria, ha desatado una nueva tormenta: según fuentes conocedoras, GDELS-Santa Bárbara y SAPA han quedado fuera como candidatos a suministradores, pese a ser socios de Indra en el consorcio TESS Defence, responsable del programa 8×8 Dragón.
La exclusión sorprende al sector y reabre un conflicto interno en la industria española de defensa justo en el momento en el que se decide quién se llevará su mayor contrato en décadas.
Una “españolidad al 100%” que deja fuera a empresas con fábricas en España
El argumento de Indra y EM&E para justificar el cierre del círculo es conocido: la apuesta por una fabricación “100% española”. Una filosofía que, según ambas compañías, reforzará la autonomía estratégica del país y permitirá desarrollar capacidades industriales propias. Sin embargo, esta narrativa deja fuera a empresas con centros de producción en España —como Santa Bárbara Sistemas— por su pertenencia a grupos internacionales, y pone en entredicho el criterio real utilizado para seleccionar socios.
Fuentes del sector alertan de que, bajo la etiqueta de «españolidad», lo que se está construyendo es un ecosistema muy concentrado en torno a Indra y Escribano, que en los últimos dos años han captado ya más de 7.360 millones en contratos ligados a los Programas Especiales de Modernización (PEM).
Contratos sin licitación y tensiones en el Gobierno
El uso de la “fórmula 346”, que permite adjudicar contratos de defensa sin concurso por motivos de seguridad nacional, ya generó tensiones entre los ministerios de Defensa e Industria el pasado verano. Ahora, la exclusión de Santa Bárbara y SAPA se suma a un clima político delicado.
Industria ha mantenido recientemente reuniones de alto nivel con ambas empresas —incluido un encuentro entre Pedro Sánchez y los directivos de SAPA— para mostrar apoyo a sus capacidades industriales. Sin embargo, Defensa mantiene la hoja de ruta de Indra y EM&E, lo que deja al Gobierno dividido sobre el modelo de industria de defensa que quiere impulsar.
Un plan industrial decisivo, pero aún opaco
Indra y EM&E presentarán su plan industrial ante el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE), que lo evaluará antes de que la DGAM formalice el contrato. La transparencia en este proceso será clave: según fuentes del sector, si el Ministerio de Defensa decide no publicar el detalle del plan, será imposible conocer qué proveedores han sido seleccionados y por qué.
La decisión final impactará también en la propiedad intelectual y la autonomía tecnológica: si los fabricantes externos no transfieren su know-how —una práctica poco habitual— España podría seguir dependiendo de terceros, pese a la retórica de autosuficiencia industrial.
Indra y EM&E se consolidan como eje central del gasto militar
En paralelo, el Gobierno aprobó el 25 de noviembre no solo el contrato de los obuses de cadenas, sino también otro equivalente para los obuses sobre ruedas, por valor de 2.219 millones, que también desarrollará la UTE formada por Indra y EM&E. Ambos grupos han sido adjudicatarios además de los lanzapuentes, el sistema de protección anfibia y un programa contra drones.
La concentración de adjudicaciones en el tándem Indra–Escribano alimenta la preocupación sobre la dependencia del país de dos únicos proveedores, así como el impacto en la competencia, la innovación y la distribución territorial de la carga industrial.
Un movimiento que reconfigura el mapa de la defensa española
El plan industrial de los obuses de cadenas no es solo un documento técnico: es el que definirá quién participa, quién queda fuera y cómo se distribuirán más de 4.500 millones en contratos. Si Indra y EM&E logran afianzar su control sin competencia y con escasa transparencia, el resultado será un nuevo mapa industrial dominado por un reducido núcleo de empresas beneficiarias.
La decisión está ahora en manos del Ejército de Tierra y de la DGAM. Y el sector, desde multinacionales a pymes españolas, espera saber si el mayor contrato militar del país estará guiado por la estrategia nacional… o por un proyecto construido a la medida de dos compañías.
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