Robles, Hereu y la CNMV en el punto de mira por la falta de claridad
El Partido Popular ha activado una ofensiva parlamentaria sin precedentes para destapar lo que considera uno de los mayores ejercicios de opacidad, concentración de poder y riesgo para la competencia que se recuerdan en la industria española de defensa. Desde septiembre, el Gobierno de Pedro Sánchez está adjudicando contratos sin concurso —directamente, sin licitación pública— dentro del nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, una vía que ya compromete más de 34.168 millones de euros y que, según denuncian los populares, carece de control parlamentario y transparencia.
Un plan multimillonario sin concurso y sin supervisión real
El PP acusa al Ejecutivo de aprovechar la ausencia de Presupuestos para firmar compromisos a diez años vista, sin control efectivo del Congreso y sin las garantías mínimas exigibles en un sector tan sensible como el militar.
El resultado, según los populares, es “una autopista abierta para repartir miles de millones sin criterios claros, sin competencia y sin comprobar la capacidad real de las empresas que reciben los contratos”.
El Gobierno, señalan, se habría quitado de encima un problema interno: la falta de personal para tramitar licitaciones. La solución escogida por Defensa es entregar los programas a las grandes empresas para que sean ellas quienes repartan a dedo el trabajo. Una fórmula que puede agilizar trámites… pero a costa de sacrificar la competencia, la transparencia y la independencia tecnológica.
Comparecencias urgentes por un plan que “hipoteca el futuro sin control”
El PP ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para exigir claridad total sobre estas adjudicaciones. Los populares pedirán la comparecencia urgente de:
- Margarita Robles, ministra de Defensa;
- Jordi Hereu, ministro de Industria;
- Carlos San Basilio, presidente de la CNMV.
Además, exigirán informes detallados, documentación técnica y respuestas por escrito sobre los criterios utilizados para repartir contratos que ya llevan aparejados 14.283 millones de euros en préstamos públicos.
El mensaje es contundente: no se puede comprometer una década de gasto sin supervisión ni debate parlamentario.
Indra, la gran beneficiada: poder político, préstamos millonarios y alianza con Escribano
El foco de preocupación se concentra especialmente en Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Ambos grupos están recibiendo contratos multimillonarios mientras negocian una posible compra que consolidaría un gigante de defensa bajo el paraguas del Gobierno —a través de la SEPI— y del Ministerio de Hacienda.
Según datos del propio PP, Indra se ha convertido en la empresa más favorecida por Defensa:
- 5.959 millones en prefinanciación, el 41,7% del total de préstamos estatales.
- 3.169 millones adjudicados junto a Escribano EM&E mediante una UTE.
Y estas cifras pueden crecer todavía más cuando se conozcan los importes de los siete contratos que aún están pendientes de asignación.
Es decir: más dinero, más contratos y más concentración de poder en torno a Indra, en un contexto en el que las adjudicaciones se están dando sin competencia real.
El PP exige comparecencias y una investigación por la subida bursátil de Indra
La ofensiva del PP incluye la comparecencia urgente de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para aclarar las adjudicaciones de 22 programas otorgados al grupo Escribano EM&E, así como explicaciones del ministro Jordi Hereu por los criterios que justifican los préstamos directos concedidos a la UTE Indra–Escribano.
Los populares también solicitan la intervención de la CNMV. Quieren saber si el regulador ha detectado movimientos especulativos en la cotización de Indra, que ha subido un 23% en apenas diez sesiones.
Para el PP, esta escalada bursátil, unida al torrente de contratos adjudicados, exige un examen exhaustivo para despejar cualquier sombra de irregularidad o filtración privilegiada.
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