El binomio Indra–Escribano y el riesgo de concentración de poder
El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), ha adjudicado de forma directa y sin publicidad dos de los mayores contratos militares de la historia reciente a la UTE integrada por Indra Sistemas y Escribano Mechanical & Engineering. El importe total de ambas adjudicaciones se acerca a los 7.000 millones de euros, una cifra que vuelve a situar a Indra en el centro de la polémica por el reparto de fondos públicos en el sector de Defensa.
Los contratos corresponden a los nuevos sistemas de artillería autopropulsada sobre cadenas (ATP) y sobre ruedas, destinados al Ejército de Tierra, y se han tramitado mediante el procedimiento negociado sin publicidad, amparado en el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Un mecanismo excepcional que, en la práctica, se ha convertido en norma cuando Indra está en la ecuación.
La “única empresa capacitada”, un argumento que se repite
La justificación oficial vuelve a ser la habitual: la UTE Indra-Escribano sería la única capaz técnicamente de desarrollar estos sistemas. Una afirmación que llama la atención en un mercado europeo en el que operan grandes fabricantes de artillería con experiencia contrastada y que, sin embargo, quedan automáticamente excluidos del proceso.
El resultado es un modelo sin concurrencia, sin comparación de ofertas y sin transparencia real, en el que la Administración acepta como axioma que solo un actor nacional puede asumir proyectos de esta magnitud.
Un contrato mastodóntico que ata al Ejército durante una década
El programa de ATP sobre cadenas concentra la mayor parte del gasto. Con un valor estimado superior a los 4.500 millones de euros, el importe finalmente adjudicado supera los 3.760 millones, con un calendario de ejecución que se prolonga hasta 2034. Durante casi diez años, el Ejército de Tierra quedará ligado a un único proveedor para una de sus capacidades críticas.
El segundo contrato, el de ATP sobre ruedas, añade otros 2.200 millones de euros adjudicados, con idéntico procedimiento y el mismo argumento de exclusividad técnica. Dos programas distintos, dos adjudicaciones directas y las mismas empresas beneficiarias.
Indra y Escribano, un binomio cada vez más dominante
La operación refuerza el peso de Indra como actor casi omnipresente en los grandes programas terrestres, en alianza con Escribano, cuyo máximo responsable preside además la propia Indra. Una situación que alimenta las críticas sobre conflictos de interés, concentración de poder y captura del gasto público por un reducido círculo empresarial.
Mientras otros países europeos diversifican proveedores y fomentan la competencia incluso en programas sensibles, en España se consolida un esquema en el que los contratos estratégicos terminan sistemáticamente en las mismas manos.
Industria nacional como coartada
Desde Defensa se insiste en la necesidad de proteger la industria nacional, pero la reiteración de adjudicaciones multimillonarias sin concurso a Indra plantea una pregunta incómoda: ¿se está impulsando realmente la industria o se está blindando a un campeón nacional frente a cualquier control externo?
Con casi 7.000 millones de euros comprometidos, la modernización de la artillería del Ejército avanza bajo un modelo cada vez más cuestionado, en el que Indra no solo gana contratos, sino que consolida un poder estructural difícil de revertir y cada vez más alejado de los principios de competencia, transparencia y control del gasto público.


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