Un modelo de adjudicación cada vez más cuestionado
La licitación millonaria de Aena para reforzar la ciberseguridad de su red aeroportuaria ha vuelto a situar a Indra y Telefónica en el centro del reparto de grandes contratos públicos. Ambas compañías figuran entre los aspirantes a un concurso valorado en 216,7 millones de euros, dividido en tres lotes y destinado a cubrir las necesidades de 48 aeropuertos y helipuertos en toda España.
El proceso ha despertado un notable interés empresarial, especialmente en el lote principal de sistemas, valorado en 145 millones de euros, al que concurren 17 grupos empresariales. Junto a Indra y Telefónica —que se presenta en alianza con Inetum— figuran también Vodafone, Orange España (en consorcio con NTT Data), así como multinacionales tecnológicas y firmas especializadas como HP, Capgemini, Amper o Seidor.
Dependencia del BOE y competencia permanente por el dinero público
Más allá del elevado número de aspirantes, la licitación vuelve a evidenciar una realidad incómoda: Indra y Telefónica aparecen de forma sistemática en prácticamente todos los grandes concursos públicos estratégicos, desde Defensa y telecomunicaciones hasta infraestructuras críticas. Un patrón que alimenta la percepción de que ambas compañías han hecho del sector público su principal motor de negocio, en detrimento de una competencia real basada en innovación o mercado privado.
En el caso de Telefónica, la presencia en este concurso contrasta con su discurso recurrente sobre la necesidad de reducir dependencia regulatoria y apostar por nuevos modelos de crecimiento, mientras continúa buscando contratos ligados a grandes operadores públicos. En el de Indra, la situación refuerza la imagen de una empresa cada vez más orientada al perímetro estatal, justo cuando su gobernanza y su cercanía al poder político están bajo escrutinio.
Tres lotes, mismos nombres
El lote de comunicaciones, valorado en cerca de 58 millones de euros, vuelve a repetir el mismo esquema: Indra y Telefónica compiten de nuevo, junto a Orange, HP y otras compañías, aunque en este caso sin la presencia de Vodafone. En cuanto al lote específico de ciberseguridad, con un presupuesto más modesto de 14 millones de euros, Aena aún no ha hecho pública la lista definitiva de candidatos, aunque el sector da por hecho que los grandes grupos volverán a copar el proceso.
Este reparto por lotes no oculta una constante: los mismos actores dominan todas las fases, lo que reduce la entrada efectiva de nuevos competidores y consolida un ecosistema en el que los contratos públicos se convierten en un mercado recurrente para unos pocos.
Infraestructuras críticas y gasto creciente
Aena justifica la licitación por el aumento de las amenazas digitales en el sector aéreo, un diagnóstico compartido por la IATA, que reclama mayores niveles de resiliencia en aeropuertos y aerolíneas. No en vano, el gestor aeroportuario prevé invertir 12.888 millones de euros entre 2027 y 2032, de los cuales alrededor de 1.000 millones se destinarán a digitalización y ciberseguridad.
Sin embargo, el debate no se limita a la necesidad de reforzar la protección digital, sino a quién y cómo se reparten esos recursos. La reiterada presencia de Indra y Telefónica en este tipo de concursos refuerza la sensación de que el Estado, directa o indirectamente, sostiene a determinados campeones nacionales, incluso cuando existen múltiples alternativas en el mercado.
Un modelo cada vez más cuestionado
El concurso de Aena no es un caso aislado, sino un nuevo episodio de un modelo que genera crecientes críticas: grandes licitaciones, mismos adjudicatarios potenciales y una frontera cada vez más difusa entre estrategia pública y negocio privado. En un contexto de fuerte inversión en infraestructuras críticas, la pregunta ya no es solo quién gana los contratos, sino si el sistema fomenta realmente la competencia o consolida dependencias difíciles de revertir.
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