Financiar sin coste a empresas privadas reaviva el debate sobre transparencia
El Gobierno ha aprobado el Programa Especial de Modernización (PEM) más grande de todo el ciclo inversor de Defensa —6.736 millones de euros para renovar la artillería de campaña del Ejército de Tierra y la Infantería de Marina— sin que todavía se conozca qué plataformas se adquirirán ni bajo qué condiciones técnicas se ejecutará el proyecto. Aun así, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a que la UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) lidere la operación.
La decisión, que afecta a 214 nuevos obuses (128 de cadenas y 86 sobre ruedas), refuerza la posición dominante de ambas compañías dentro del ecosistema español de defensa, en un momento en el que su alianza y su posible fusión ya habían generado controversia por conflictos de interés, falta de transparencia corporativa y dependencia creciente del BOE.
Un contrato gigantesco adjudicado sin seleccionar el producto
El programa contempla diversas plataformas posibles para los obuses de ruedas —entre ellas el K9 surcoreano o el PHZ 2000 alemán— pero el modelo final aún no ha sido decidido. A pesar de ello, el Gobierno ha desbloqueado miles de millones de euros de gasto público y ha dado paso a la negociación formal con la UTE Indra–Escribano para firmar el pedido antes de final de año.
La operación supone un precedente delicado: se aprueba el mayor programa militar del ciclo sin saber qué tecnología se comprará, sin desglose público de alternativas y sin un debate transparente previo.
Créditos públicos a interés cero: financiación privilegiada para dos empresas privadas
El programa incluye una prefinanciación extraordinaria del Ministerio de Industria:
3.152 millones de euros a interés del 0%, un crédito no revisable destinado directamente a Indra y Escribano M&E.
Se trata de una situación excepcional en el sector privado, vista por analistas como una subvención encubierta a dos compañías que ya dependen intensamente de contratos públicos. El reparto del dinero —1.181 millones para el obús de ruedas y 1.821 millones para el de cadenas— refuerza la idea de una estrategia gubernamental para crear un “campeón nacional” de defensa a medida y sin competencia real.
La sombra del conflicto de interés
La elección de este consorcio empresarial se produce en pleno debate sobre la fusión de Indra con Escribano M&E, cuyo presidente —Ángel Escribano— está al mismo tiempo al frente de la multinacional pública-privada, lo que ha generado críticas por un conflicto de interés estructural.
Adjudicar a esta UTE el programa militar más caro de la década sin aclarar los mecanismos de supervisión, ni la cadena de diseño, ni los controles independientes, añade más dudas a un proceso que ya avanzaba con opacidad.
Un nuevo avance hacia una industria militar “dirigida” desde Moncloa
Con este contrato, Indra y Escribano consolidan un peso desproporcionado en el sector. En los últimos dos años, ambas empresas han recibido adjudicaciones clave en comunicaciones, sistemas de defensa, munición inteligente y vehículos.
El PEM de artillería, además, se suma a los más de 34.000 millones de euros del nuevo ciclo inversor militar, aprobados con escasa deliberación pública. El Gobierno sostiene que el objetivo es reforzar la capacidad industrial española, pero los críticos señalan una estrategia de concentración silenciosa, falta de transparencia y ausencia de evaluación independiente.
Un salto tecnológico por definir y sin garantías de autonomía real
Indra asegura que trabaja para obtener transferencia de tecnología y “autoridad de diseño”, pero ni la compañía ni Escribano tienen experiencia en fabricar obuses propios. Expertos advierten del riesgo de que España termine re-etiquetando tecnología extranjera como si fuera nacional, mientras las empresas reciben miles de millones en financiación blanda y el control técnico real recae fuera.
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