El caso Escribano vuelve a cuestionar la independencia de Indra.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido una denuncia formal contra Indra, la empresa española de defensa y tecnología, por presuntas irregularidades en su gobierno corporativo. La denuncia procede de la asociación Hay Derecho, una entidad dedicada a la defensa del Estado de derecho y la transparencia institucional.
Lo llamativo es que esta asociación se ha constituido como parte afectada tras adquirir una sola acción de Indra, un gesto estratégico que le otorga legitimidad para reclamar ante el supervisor del mercado. Con ese movimiento simbólico, Hay Derecho pretende fiscalizar los posibles abusos de poder que, a su juicio, se estarían produciendo dentro de la compañía, especialmente tras los últimos movimientos corporativos impulsados desde la órbita gubernamental.
Conflictos de interés y una compra polémica
La denuncia advierte sobre “conflictos de interés graves” en la proyectada adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa propiedad del actual presidente de Indra y de su hermano. Según la carta enviada a la CNMV, esta operación vulneraría los principios básicos del buen gobierno corporativo, al tratarse de una compra con evidente vinculación personal y familiar.
La asociación también subraya la reducción de la independencia del Consejo de Administración y la designación irregular de su presidente en enero, realizada sin el preceptivo informe previo de la Comisión de Nombramientos. Este procedimiento, según Hay Derecho, contraviene tanto los Estatutos Sociales de Indra como el propio Reglamento del Consejo.
La sombra del poder político en Indra
El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2022, cuando la CNMV reprendió al Gobierno por la actuación de la SEPI (accionista pública) al coordinarse con Amber Capital y SAPA Placencia para destituir a consejeros independientes críticos con Marc Murtra, entonces designado presidente por el PSOE. Ese episodio fue considerado una “toma política” del Consejo de Indra, y marcó el inicio de una etapa de creciente intervención gubernamental en la empresa.
Ahora, la denuncia de Hay Derecho reabre el debate sobre la captura política de las empresas públicas, recordando que Indra es un actor clave en sectores tan sensibles como la defensa nacional o la gestión electoral.
Transparencia en entredicho y valoración dudosa
Hay Derecho pone también el foco en la falta de transparencia en la valoración de EM&E. Según la denuncia, el precio —aún indeterminado— “resulta difícilmente justificable” si se comparan operaciones anteriores y se tiene en cuenta la dependencia de EM&E de contratos públicos. Para la asociación, esta operación no solo vulnera principios éticos, sino que podría beneficiar a intereses privados con recursos del Estado.
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