Defensa acusa a Indra de incumplimientos y amenaza con acciones
La tensión entre el Ministerio de Defensa e Indra ha vuelto a estallar. Apenas 24 horas después de que Javier Escribano, presidente de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y consejero de Indra, apareciera en Financial Times calificando la integración de su compañía en Indra como una “fusión” —y no una compra—, Margarita Robles se presentó en el cuartel general de la multinacional española para dejar claro el malestar del Gobierno.
El pasado 7 de octubre, Robles acudió a la sede de Indra en Alcobendas junto a la secretaria de Estado Amparo Valcarce y el JEME, Amador Enseñat. Según la nota de prensa —inusualmente dura— emitida por Defensa, la ministra advirtió a la cúpula de Indra que el Ministerio “se reserva las acciones oportunas” por los reiterados retrasos en el programa de vehículos VCR 8×8 Dragón.
Un contrato esencial… estancado
El 8×8 Dragón, firmado en 2020 por 1.208 millones de euros y adjudicado al consorcio Tess Defence (SAPA, EM&E, General Dynamics e Indra), debía entregar 348 vehículos en diez años. Cinco años después, Defensa solo ha recibido 11 unidades, con problemas técnicos señalados por la propia Tess Defence en sus cuentas de 2023.
Ese ejercicio, además, el contrato se encareció en 420 millones adicionales por correcciones, errores de requisitos y ajustes no previstos.
Robles observa desde hace meses cómo los intereses internos del consorcio —SAPA, EM&E, General Dynamics e Indra— parecen pesar más que las necesidades del Ejército de Tierra. La visita para “trasladar la inquietud” no fue casual.
La guerra entre los Escribano, SAPA y General Dynamics entra en terreno político y diplomático
La tensión en el sector ha aumentado desde que Ángel Escribano, presidente de Indra y copropietario de EM&E, confesó haber intentado comprar Santa Bárbara Sistemas, la filial española de General Dynamics. La operación irritó a Estados Unidos.
Mientras tanto, su socio en Indra y Tess Defence, SAPA Placencia, ha sellado una alianza reforzada con General Dynamics para participar en grandes contratos militares en EE. UU. A ello se suma la reciente reunión de la familia Aperribay con Pedro Sánchez en Moncloa, interpretada como un espaldarazo político a SAPA frente a los Escribano.
Desde Washington también se observa con lupa el pulso interno. El nuevo embajador estadounidense, Benjamín León, llega a Madrid con la intención de “ordenar” la relación entre la industria española y las empresas norteamericanas.
La “fusión” Indra–EM&E: el epicentro del terremoto
El verdadero foco de inestabilidad es la integración de EM&E en Indra, valorada entre 1.000 y 2.000 millones de euros.
Una operación que plantea un conflicto de interés evidente: EM&E es propiedad de los hermanos Escribano… y el presidente de Indra es Ángel Escribano.
Pese a ello, la operación cuenta con el respaldo de:
- los Escribano (14%)
- la SEPI (29%), representada por Miguel Sebastián, Moscoso y Cuevas
- Joseph Oughourlian, dueño de Prisa (7%)
- el CEO de Indra, José Vicente de los Mozos
Los únicos que han mostrado rechazo: los Aperribay, dueños del 8% y socios de SAPA.
Sin embargo, económicamente no les ha ido mal: compraron su participación a 10,28 euros por acción y hoy Indra cotiza por encima de 50 euros.
Los independientes, la CNMV y la sombra del caso 2022
Para aprobar la integración, el consejo tendrá que realizar un encaje regulatorio complejo.
En 2022, Indra ya forzó el cese de independientes críticos, impulsado por Oughourlian, lo que desencadenó una investigación de la CNMV por posible acción concertada.
El supervisor no encontró pruebas, pero sí indicó que la operación se realizó fuera “de los estándares de una sociedad cotizada”.
Los independientes saben que esta vez la presión será aún mayor. Uno de ellos define la operación como “imposible en cualquier otro país europeo”.
Robles, la CNMV y Moncloa miran a los Escribano
La reprimenda pública de Robles es el primer gran tropiezo en la hoja de ruta de los Escribano para tomar el control total de Indra.
Y en Madrid corre el rumor de que los hermanos habrían sugerido al entorno económico de Sánchez la destitución de la ministra —a la que el propio presidente llamó “pájara” en una conversación filtrada con Ábalos—.
En el sector interpretan este movimiento como la muestra de que la operación está lejos de estar asegurada.
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