El caso de la fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering trasciende el ámbito de la ética empresarial y se adentra de lleno en el terreno jurídico, con implicaciones relevantes en materia de gobierno corporativo, supervisión del mercado y responsabilidad de los administradores.
Conflicto de interés estructural no mitigable
La Ley de Sociedades de Capital, así como los códigos de buen gobierno aplicables a las sociedades cotizadas, imponen a los administradores la obligación de evitar cualquier situación en la que sus intereses personales entren en conflicto con los de la sociedad.
En este caso, no se trata de una colisión puntual o indirecta, sino de una identidad plena entre comprador y vendedor, al concurrir en la misma persona la condición de presidente de la sociedad adquirente y propietario de la empresa objeto de la operación. En un supuesto de esta naturaleza, no existe mecanismo de mitigación eficaz ni “cortafuego” societario capaz de neutralizar el conflicto, al ser el propio presidente el beneficiario directo de la transacción.
Posible vulneración del deber de lealtad
El deber de lealtad exige a los administradores actuar en todo momento en el interés exclusivo de la sociedad, anteponiéndolo a cualquier interés personal o de terceros. La promoción, impulso o tolerancia de una operación que beneficia directamente al presidente de la compañía plantea serias dudas sobre el cumplimiento de dicho deber.
Esta posible vulneración no se limitaría al presidente afectado por el conflicto, sino que podría extenderse a los miembros del Consejo de Administración que, con conocimiento de la situación, permitieron que la operación avanzara sin adoptar medidas efectivas para su paralización.
Información relevante y protección del mercado
La secuencia de acontecimientos —autorización para iniciar negociaciones, intervención posterior de la SEPI y desplome significativo de la cotización— suscita interrogantes relevantes desde el punto de vista de la transparencia informativa y la protección de los inversores.
En particular, resulta necesario analizar:
- si el mercado fue informado con la claridad, precisión y oportunidad exigidas por la normativa,
- y si la comunicación de los hechos relevantes permitió a los inversores formarse un juicio fundado sobre los riesgos reales de la operación.
En este contexto, corresponde a la CNMV valorar si se produjeron deficiencias en la difusión de información relevante que pudieran haber afectado al correcto funcionamiento del mercado.
Responsabilidad del Consejo de Administración
Las dimisiones de consejeros que manifestaron su oposición a la operación no eximen de responsabilidad al órgano de gobierno. Por el contrario, refuerzan la evidencia de que el conflicto de interés era conocido internamente y de que existía una discrepancia sustancial sobre la idoneidad de la operación.
La salida de consejeros críticos puede interpretarse como un indicio de disfunción en el funcionamiento del consejo y de incapacidad para gestionar adecuadamente un riesgo de gobernanza de primer orden.
Responsabilidad patrimonial y política
La pérdida aproximada de 1.300 millones de euros en capitalización bursátil no puede calificarse como un fenómeno coyuntural o ajeno a la toma de decisiones. Se trata de una consecuencia directa de actuaciones concretas y de una gestión deficiente del riesgo institucional y reputacional.
En este sentido, el Estado, en su condición de accionista mayoritario a través de la SEPI, no queda al margen del análisis. La ausencia de una intervención temprana plantea la necesidad de depurar responsabilidades también en el plano patrimonial y político, por no haber actuado con la diligencia exigible en la protección del interés público y del valor de la participación estatal.
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