La valoración de Escribano, uno de los grandes puntos de fricción
El consejo de administración de Indra mantiene intacto su objetivo de integrar Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar de su propio presidente, Ángel Escribano, a pesar de las crecientes reticencias políticas, regulatorias y de gobernanza que rodean la operación. Según ha publicado ABC, la cúpula de la compañía sigue explorando distintas fórmulas para materializar la compra, incluso en un contexto de máxima tensión con Moncloa y la SEPI.
La operación, que se planteó inicialmente como una fusión por absorción, continúa sobre la mesa aunque sin una estructura definitiva. El consejo analiza alternativas como canjes de acciones, integraciones parciales o estructuras societarias intermedias, todas ellas con un denominador común: avanzar en la integración de EM&E dentro de Indra, pese a que el propio Ejecutivo ha pedido prudencia y tiempo.
Un conflicto de interés que sigue sin resolverse
El principal problema de la operación sigue siendo el conflicto de interés estructural que plantea. Ángel Escribano preside Indra mientras impulsa la compra de una empresa que controla junto a su hermano Javier, consejero dominical de la tecnológica. Aunque ambos se han apartado formalmente de las deliberaciones, la realidad es que la operación beneficia directamente al núcleo familiar que dirige la compañía, algo que ha generado un profundo malestar en sectores del mercado y dentro del propio Estado.
La SEPI, que controla el 28% del capital, observa con preocupación una integración que podría diluir su peso accionarial y alterar el equilibrio de poder en una empresa considerada estratégica para la defensa nacional. La posibilidad de que los Escribano alcancen una posición cercana —o incluso superior— a la del Estado tras el canje de acciones es uno de los principales focos de alarma.
Una valoración bajo sospecha
Otro de los puntos más controvertidos es la valoración de EM&E, que fuentes del mercado sitúan entre 1.500 y 2.000 millones de euros, una cifra que muchos consideran inflada por contratos públicos recientes y expectativas futuras, más que por resultados estructurales consolidados. El Gobierno ha exigido esperar a las cuentas auditadas de 2025 antes de dar cualquier visto bueno definitivo, consciente del riesgo de que Indra acabe pagando un sobreprecio por una empresa ligada directamente a su presidente.
Este escenario ha enfriado el respaldo político inicial y ha abierto un pulso soterrado entre el consejo de Indra y Moncloa, que intenta ganar tiempo sin frenar explícitamente una operación que ya genera desgaste institucional.
Consejo alineado, críticas desplazadas
Mientras tanto, el consejo de administración de Indra ha ido reconfigurándose en los últimos meses, reduciendo el peso de las voces más críticas con la operación y consolidando un órgano más alineado con la actual presidencia. Este movimiento ha sido interpretado por analistas como un intento de blindar internamente la fusión, incluso antes de que exista un consenso claro con el principal accionista público.
Una operación que tensiona al Estado
La insistencia de Indra en seguir adelante con la compra de Escribano, pese a las advertencias políticas y a las dudas sobre gobernanza, refleja hasta qué punto la compañía se ha convertido en un campo de batalla entre intereses privados, poder político y dinero público. Lejos de despejar incógnitas, la operación amenaza con agravar la percepción de que las grandes decisiones estratégicas en el sector defensa se están tomando sin transparencia suficiente y con escasos contrapesos efectivos.
La fusión sigue viva, pero también lo hace la sensación de que Indra avanza hacia un modelo donde el control público se debilita, el conflicto de interés se normaliza y las líneas entre empresa, Estado y familia se vuelven cada vez más difusas.
Deja una respuesta