La Audiencia Nacional mantiene la causa abierta a nuevas detenciones
La investigación judicial que sacude a antiguos cargos vinculados al PSOE ha dado un nuevo giro. El ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, ha sido detenido en el marco de la misma operación que tiene como principal investigada a Josefa Díez, conocida en círculos internos como la “fontanera del PSOE”.
Según fuentes judiciales, el operativo forma parte de una causa que analiza supuestos intentos de interferencia en investigaciones abiertas por la Audiencia Nacional y distintos órganos jurisdiccionales. El juez sostiene que Díez habría buscado obtener información sensible y presionar a distintos mandos de la Guardia Civil, en especial de la Unidad Central Operativa (UCO), con el objetivo de descarrilar o dificultar procedimientos en marcha.
Supuestos ofrecimientos a cambio de información
El magistrado apunta a que Díez, que no ocupa cargos públicos pero mantiene conexiones históricas con estructuras internas del partido, habría ofrecido posibles beneficios de carácter judicial a interlocutores concretos. A cambio, siempre según la tesis del instructor, buscaba datos internos o elementos que permitieran debilitar investigaciones sensibles, especialmente aquellas que afectaban a mandos de la UCO.
La detención de Fernández Guerrero introduce un nuevo elemento en la investigación. El ex presidente de SEPI, que dirigió el holding público encargado de gestionar las participaciones estatales en empresas estratégicas, se encuentra también bajo la lupa por su presunta vinculación con estas maniobras de interferencia.
Una operación de amplias ramificaciones
Fuentes del caso subrayan que la operación continúa abierta y que no se descartan más actuaciones en los próximos días. La investigación busca determinar si existía una estructura paralela de contactos e intercambios de favores orientada a influir en causas judiciales sensibles con repercusión política.
Por el momento, ni la Fiscalía ni las defensas de los implicados han ofrecido declaraciones detalladas, mientras que la Audiencia Nacional mantiene parte de la causa bajo secreto para proteger la integridad de la operación.
La detención del antiguo máximo responsable de SEPI añade un componente institucional a un caso que ya había generado inquietud en el ámbito político y en los cuerpos de seguridad del Estado
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