Una llamada en pleno consejo evidencia el choque con Moncloa
El último consejo de administración de Indra, celebrado el pasado jueves, evidenció la profunda fractura existente entre los principales accionistas de la compañía ante la posible integración de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa controlada por los hermanos Escribano, ambos con cargos relevantes en la propia multinacional tecnológica.
Según publica El Confidencial, el clima se tensó hasta el punto de que la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, intervino directamente para trasladar al consejero delegado, José Vicente de los Mozos, que el Gobierno no avalaría ninguna operación corporativa con una empresa vinculada a Ángel Escribano y a su hermano Javier, consejero de Indra y propietario de EM&E.
Una llamada en plena reunión del consejo
Durante la sesión, De los Mozos expuso ante el consejo hasta seis posibles fórmulas para avanzar en la denominada operación “Electra”, que contempla desde una fusión por absorción hasta una toma de control parcial o total. Sin embargo, mientras el consejero delegado detallaba las alternativas, Gualda fue alertada por representantes de la SEPI —Miguel Sebastián, Juan Moscoso y Antonio Cuevas— de que la exposición estaba teniendo lugar pese a las reticencias previas del Ejecutivo.
En ese momento, la presidenta del holding público contactó directamente con De los Mozos, solicitándole que abandonara temporalmente la reunión para aclarar lo ocurrido. Según estas fuentes, Gualda le reprochó haber reactivado un debate que Moncloa consideraba prematuro y políticamente sensible.
Conflicto de interés en el centro del debate
El trasfondo de la polémica es el conflicto de interés estructural que rodea la operación: los hermanos Escribano se sitúan simultáneamente en el lado comprador y vendedor, al controlar EM&E y ocupar puestos clave en Indra. De los Mozos defendió su intervención alegando que se trataba de un punto formal del orden del día y que los Escribano no habían participado en la discusión por su condición de parte interesada.
Pese a ello, el consejo acordó autorizar al consejero delegado a iniciar conversaciones preliminares con EM&E para analizar distintas opciones de integración, una decisión que, lejos de rebajar la tensión, volvió a enfrentar a los accionistas.
Moncloa pisa el freno a la operación
Como adelantó El Confidencial el pasado 19 de enero, el Gobierno ha ordenado frenar la adquisición ante una acumulación de obstáculos: la oposición mayoritaria de los consejeros independientes, el rechazo de SAPA —accionista con cerca del 8%—, las advertencias de minoritarios sobre una posible denuncia ante la CNMV y el frente judicial abierto por General Dynamics, que cuestiona adjudicaciones de contratos de defensa por valor superior a 7.000 millones de euros.
El cambio de criterio en Moncloa
Este escenario llevó a Manuel de la Rocha, responsable económico de la Presidencia del Gobierno, a replantear su posición. Según fuentes próximas a la negociación, De la Rocha llegó a solicitar a Ángel Escribano que abandonara la presidencia de Indra para desbloquear la integración, una petición que por ahora no ha sido atendida.
A ello se suma el contexto de máxima cautela en la SEPI tras la investigación judicial por las ayudas a Plus Ultra y la detención del expresidente del organismo, Vicente Fernández, factores que han reforzado la prudencia de los consejeros públicos.
La clave: el peso accionarial de la SEPI
Por el momento, la SEPI ha comunicado que no se pronunciará sobre la operación hasta que las cuentas de 2025 estén cerradas y auditadas, lo que retrasa cualquier decisión definitiva al menos hasta finales de marzo o abril, tras una nueva due diligence.
En el accionariado, solo Amber Capital, el fondo gestionado por Joseph Oughourlian, respalda sin fisuras la estrategia de los Escribano. Sin embargo, ni la suma del 8% de Amber ni el 14% de EM&E alcanzan el 28% que controla la SEPI, cuyo voto será determinante para que la operación salga adelante o quede definitivamente enterrada tras casi un año de debate interno.
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