Amber Capital respalda a los Escribano y complica el equilibrio accionarial
La integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ya no es solo una operación corporativa controvertida: se ha convertido en un símbolo del deterioro de la gobernanza pública en el sector de la defensa, donde el conflicto de interés es evidente y, sin embargo, nadie asume responsabilidades ni toma decisiones claras.
En los últimos días, el Gobierno ha comenzado a deslizar a través de filtraciones su incomodidad con la operación. Reconoce, en privado, riesgos jurídicos, problemas de gobernanza y un conflicto de interés manifiesto, pero evita dar el paso que correspondería en una empresa participada por el Estado: paralizar la fusión o exigir responsabilidades.
Un presidente que negocia consigo mismo
El núcleo del problema es difícil de disimular. Ángel Escribano preside Indra mientras impulsa la compra de la empresa familiar que fundó, dirigida por su hermano Javier, que además es consejero de la propia Indra. Se trata de una situación incompatible con los estándares mínimos de buen gobierno, más aún cuando el comprador es una compañía controlada en un 28% por la SEPI y financiada masivamente con contratos públicos.
Pese a ello, el Estado ha permitido que la operación avance durante más de un año, sin establecer líneas rojas claras ni activar mecanismos efectivos para proteger el interés público. El resultado es una fusión empantanada, no por su complejidad técnica, sino por la lucha soterrada por el control de la compañía.
La SEPI teme perder Indra… después de haberla entregado
En el Gobierno y en la SEPI existe un temor que ya nadie oculta: que la fusión sea el vehículo para que los Escribano acaben controlando Indra. Hoy, el Estado es el primer accionista con un 28%, frente al 14,3% de los hermanos. Pero los escenarios de canje de acciones que se manejan podrían situar a Escribano por encima del 20%, muy cerca —o incluso por delante— de la participación pública.
La clave no es solo el porcentaje, sino las alianzas. Amber Capital, con un 7,24% del capital y liderado por Joseph Oughourlian, ya ha expresado su respaldo a la fusión y a los Escribano. En un escenario de bloques, la suma Escribano–Amber podría neutralizar o superar a la SEPI, dejando al Estado fuera del control efectivo de una empresa estratégica.
La paradoja es mayúscula: Moncloa teme perder Indra cuando fue la propia Moncloa quien la puso en esta situación, al facilitar la salida de consejeros críticos en 2022 y convertir a la compañía en el gran receptor de contratos de Defensa.
Contratos públicos, valoración inflada y riesgo para el contribuyente
El otro gran foco de alarma es la valoración de EM&E. Se trata de una empresa que facturó algo más de 100 millones hace apenas dos años y que ahora se sitúa, según informes interesados, en torno a los 2.000 millones de euros. Una cifra que en el Ejecutivo consideran inflada por ingresos futuros aún no consolidados, derivados en gran medida de contratos públicos ya comprometidos.
La SEPI exige ahora que la valoración se haga con las cuentas auditadas de 2025 y no sobre previsiones, conscientes de que pagar hoy por ingresos aún no materializados supondría un sobreprecio difícil de justificar. Aun así, el proceso sigue adelante, como si el riesgo de administración desleal fuera un problema secundario.
Un Estado paralizado ante su propio conflicto
La solución que se filtra desde algunos despachos —la salida de Ángel Escribano como presidente— no resuelve el fondo del problema: la captura progresiva de Indra por intereses privados al calor del dinero público. La SEPI intenta ahora blindar el control que ya debería haber protegido desde el inicio, mientras el Gobierno gana tiempo y evita una decisión que tendría un coste político inmediato.
A este escenario se suma la oposición de SAPA Placencia, tercer accionista, que lleva meses alertando del rumbo estratégico de la compañía y de las alianzas de los Escribano con competidores internacionales. Un conflicto accionarial que refleja la fractura interna de una empresa clave para la soberanía industrial española.
Un silencio que también es responsabilidad
Lo más grave no es que exista un conflicto de interés: es que se conozca, se admita en privado y se tolere en público. Ni la SEPI, ni el Gobierno, ni los organismos supervisores han actuado con la contundencia que exigiría una operación de este calibre.
La fusión Indra–Escribano no es solo una cuestión empresarial. Es un caso de manual sobre cómo el poder político, el dinero público y los intereses privados pueden mezclarse sin control, mientras todos miran hacia otro lado. Y cuando nadie hace nada ante un conflicto tan evidente, el problema deja de ser técnico y pasa a ser estructural.
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