Detenciones que reavivan el debate sobre el uso de ayudas públicas
La actuación de SAPA Placencia y de la SEPI vuelve a poner en cuestión el uso de los instrumentos financieros del Estado y la falta de controles efectivos en el reparto de ayudas públicas. Mientras el Ministerio de Industria exigía a la empresa armamentística vasca la devolución de casi 13 millones de euros por incumplir las condiciones de un préstamo anterior, otra rama del sector público, dependiente del mismo Gobierno, facilitaba a SAPA el acceso a nueva financiación millonaria.
En concreto, SAPA dispuso en 2023 de 16,5 millones de euros procedentes de un préstamo firmado con Sepides, la filial inversora de la SEPI, pese a que arrastraba un procedimiento de revocación por no ejecutar las inversiones comprometidas en un crédito concedido en 2017 para el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas en defensa.
Incumplimientos con Industria, dinero nuevo desde la SEPI
El préstamo concedido por Industria en 2017 —con un interés fijo del 4,09% y vencimiento antes de 2026— acabó derivando en un expediente de incumplimiento tras constatarse que SAPA no estaba desarrollando las inversiones pactadas. Durante 2022, el ministerio trasladó formalmente sus reparos a la empresa y la conminó a reintegrar casi 13 millones de euros en el primer semestre de 2023.
Pese a ese escenario, Sepides activó una línea de financiación de hasta 48,7 millones de euros, destinada supuestamente a inversiones industriales. Aunque el proceso se inició en 2021, la operación se formalizó a finales de 2022, cuando el conflicto con Industria ya era conocido. En 2023, SAPA accedió a una parte relevante de esos fondos, con condiciones financieras más favorables, incluido un interés del 2,6%.
Esta falta de coordinación entre organismos públicos y la aparente indiferencia ante los incumplimientos previos han despertado críticas en el sector, donde se cuestiona si SAPA cumplía realmente los criterios para recibir nuevas ayudas.
Pagos a Servinabar y un contexto que agrava las dudas
Las sombras se alargan al analizar los movimientos económicos paralelos. Entre 2021 y 2022, SAPA realizó pagos por 145.000 euros a Servinabar, una empresa vinculada al empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola y al exdirigente socialista Santos Cerdán, por conceptos que no han sido aclarados públicamente.
Estos pagos coincidieron con la etapa en la que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI hasta 2019, ejercía como director comercial de Servinabar, tras recibir autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses. La coincidencia temporal entre la financiación pública a SAPA, los pagos a Servinabar y la posición de Fernández refuerza la percepción de opacidad y puertas giratorias en el uso de recursos del Estado.
Detenciones que ponen el foco en el sistema, no solo en personas
La reciente detención de Vicente Fernández, Leire Díez y Alonso Egurrola por parte de la UCO, en una investigación dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, ha añadido gravedad al contexto. El procedimiento investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal relacionados con contratos públicos.
Sin prejuzgar responsabilidades penales, los hechos conocidos apuntan a un patrón preocupante: empresas que incumplen con una administración mientras reciben apoyo financiero de otra, ex altos cargos públicos recolocados en el sector privado y falta de explicaciones por parte de la SEPI, el organismo que debería garantizar el uso correcto del dinero público.
SAPA y la SEPI, en el centro del problema
El caso no es solo una cuestión de SAPA. Es una enmienda a la totalidad del modelo de control de la SEPI. Que una empresa obligada a devolver fondos por incumplimientos acceda a nueva financiación pública revela debilidades estructurales, cuando no una permisividad difícil de justificar.
La SEPI, como brazo inversor del Estado, debería ser un dique de contención frente a abusos y malas prácticas. En este caso, aparece como parte del problema, permitiendo que el dinero público fluya sin una rendición de cuentas clara. Y SAPA, lejos de disipar dudas, se sitúa en el centro de un entramado que vuelve a cuestionar cómo se gestionan las ayudas públicas en sectores estratégicos y a quién benefician realmente.
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