Una fusión marcada por el mayor conflicto de interés del sector defensa
La operación más polémica del sector de defensa español entra en una fase decisiva. Indra celebrará mañana, viernes 27 de noviembre de 2025, un consejo de administración clave para la proyectada integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa madrileña que ha protagonizado el ascenso más fulgurante —y controvertido— del ecosistema militar español. Y lo hace en medio de crecientes críticas sobre conflictos de interés, contratos adjudicados sin competencia y una red de fichajes de exmilitares y altos cargos públicos.
Una historia empresarial brillante… pero rodeada de privilegios públicos
Los hermanos Javier y Ángel Escribano, autodidactas que presumen de haber empezado “a golpes” en una nave de Coslada, han levantado en pocos años un conglomerado que ha pasado de facturar 44 millones en 2019 a prever 500 millones este año. Pero detrás del relato épico hay un combustible decisivo: más de 2.480 millones en contratos públicos desde 2018, la gran mayoría adjudicados sin competencia bajo la excepción de “seguridad nacional”.
A estas adjudicaciones se suman préstamos a tipo 0%, subvenciones, y contratos de emergencia como el famoso encargo de respiradores durante la pandemia por 30 millones. Todo ello ha permitido a EM&E multiplicar por tres su plantilla en apenas dos años.
Un conflicto de interés sin precedentes: dueño de EM&E y presidente de Indra
El epicentro de la polémica está en un hecho difícil de justificar:
Ángel Escribano es simultáneamente copropietario de EM&E y presidente ejecutivo de Indra, la empresa pública-privada que dirige el escrutinio electoral y que el Gobierno quiere transformar en el “campeón nacional” del sector defensa.
Una comisión de consejeros independientes trabaja desde el verano en un informe sobre la fusión, pero el mero diseño de la operación presenta un problema evidente:
- Si la integración sale adelante, los hermanos Escribano podrían obtener una participación en Indra similar a la del Estado, que posee un 28% a través de la SEPI.
- El valor asignado a EM&E oscila en una horquilla tan amplia —entre 1.000 y 2.000 millones— que afecta directamente al poder que obtendrían en la compañía.
La votación del consejo de mañana se da en este clima de sospecha, con la operación aún pendiente de validación y con un creciente rechazo en el propio sector.
Red de influencias y fichajes estratégicos
El auge de EM&E coincide con un fenómeno generalizado desde la invasión de Ucrania: la absorción de ex altos cargos y militares por parte de empresas y lobbies de defensa, que han incorporado al menos 50 perfiles procedentes del Estado.
En el caso de los Escribano, destacan el fichaje del ex secretario de Estado de Defensa Agustín Conde y el nombramiento del veterano Miguel Ángel Panduro como consejero. Ambos movimientos refuerzan la idea de una empresa que crece no solo por mérito tecnológico, sino por su capacidad para navegar los pasillos del poder.
Contratos sin competencia, conexiones políticas y adjudicaciones bloqueadas
El historial de EM&E incluye decisiones polémicas como:
- El megacontrato del 8×8 Dragón (1.736 millones), plagado de retrasos y que ya ha provocado reprimendas de Defensa.
- Los 576 millones del SILAM, adjudicación anulada por sus vínculos tecnológicos con Israel en plena desconexión militar por Gaza.
- La participación en Tess Defence, un consorcio donde Indra ha ido asumiendo más poder mientras expande su alianza con la empresa de los Escribano.
A esto se suman conexiones políticas históricas, especialmente en Castilla-La Mancha, donde la compañía mantiene lazos personales y empresariales relevantes.
El relato de éxito choca con la opacidad del modelo de negocio
Los Escribano insisten en que no tienen afinidad política, que trabajan “para todos” y que se han hecho a sí mismos sin padrinos. Pero los datos dicen otra cosa:
su expansión coincide milimétricamente con un flujo continuo de contratos públicos sin concurrencia, decisiones discrecionales y tratos de favor institucionales.
Y ahora están a un paso de dar su salto definitivo: controlar Indra desde dentro, con el aval del propio Estado, que actúa como socio minoritario incapaz de contrapesar su poder.
Mañana, el consejo de administración de Indra volverá a reunir a los actores clave.
El futuro de la mayor empresa tecnológica del país —y del equilibrio entre interés público e intereses privados— se decidirá entre sombras cada vez más difíciles de ignorar.
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